El resultado de la operación Andrómeda, ejecutada por la Brigada Antidrogas de la Policía de Soriano, culminó con la condena de doce personas, nueve hombres y tres mujeres, que formaban parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Mercedes. La fiscal Stella Alciaturi, encargada del caso, trabajó junto a la brigada policial durante un año para desmantelar la red que abastecía diversas bocas de venta de estupefacientes en la ciudad.
El jueves, la Policía llevó a cabo nueve allanamientos simultáneos en Mercedes, con el respaldo de la Guardia Republicana y equipos de investigación de Soriano y Colonia. La operación, bajo la supervisión del jefe de Policía, Jorge Falero, resultó en una incautación significativa de drogas y armas. Entre lo requisado, se encontraron más de dos kilos de cocaína, cerca de un kilo de marihuana, cuatro pastillas de éxtasis y cinco balanzas de precisión. También se confiscaron armas de fuego, incluyendo dos pistolas 9mm, una calibre 22 y varias escopetas y rifles, además de un arsenal de municiones y equipo tecnológico, como cámaras de videovigilancia y discos duros.
El golpe al narcotráfico no solo dejó una huella en la logística de la organización, sino también en su infraestructura financiera. Se incautaron 215.900 pesos uruguayos, 511.260 pesos argentinos y 637 dólares, junto con vehículos de alto valor, entre ellos tres motos, seis autos y cuatro camionetas.
Tras la audiencia judicial, la jueza Ximena Menchaca condenó a los doce implicados mediante un proceso abreviado. Los delitos imputados van desde la asociación para delinquir hasta el tráfico de armas, pasando por la importación y suministro de drogas, lavado de activos y asistencia al narcotráfico. Las penas varían entre los dos años y los cuatro años y tres meses de prisión. Uno de los condenados, un hombre acusado de encubrimiento, recibió una pena reducida de seis meses de prisión efectiva y seis meses de libertad vigilada. Una de las mujeres condenadas, quien recientemente dio a luz a gemelos prematuros, cumplirá el primer año de su condena en prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, mientras que para el segundo año, se evaluará si puede cumplir su pena en una prisión común.
Este golpe policial es el resultado de un arduo trabajo de investigación que, más allá de desmantelar una red de narcotráfico, envía un mensaje claro sobre la lucha contra el crimen organizado en el país.