En el marco de la Expo Prado, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, anunció que el Estado uruguayo está realizando una intervención sin precedentes en 108 asentamientos irregulares a lo largo del país, con una inversión que supera los 480 millones de dólares. El plan forma parte de la iniciativa Avanzar, que busca mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad social.
Lozano destacó la importancia del rol estatal en esta acción, afirmando que «el Estado está presente con aquellos que más lo necesitan». El ministro estuvo acompañado por autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOT), como el subsecretario Tabaré Hackenbruch, el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Klaus Mill, la directora de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), Florencia Arbeleche, y el director nacional de Vivienda, Eduardo González. También estuvieron presentes Casilda Echevarría, titular del Banco Hipotecario del Uruguay, y Cristina Secco, vicepresidenta de Mevir.
Durante su intervención, Lozano detalló los acuerdos alcanzados con otras instituciones públicas, como los ministerios de Defensa e Interior, que buscan mejorar el acceso a soluciones habitacionales para su personal en situación de vulnerabilidad. También mencionó los convenios con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), orientados a brindar asistencia a personas en situación de calle, víctimas de violencia de género y migrantes, entre otros grupos en riesgo.
Por su parte, Arbeleche subrayó el impacto de la Ley n.º 19.889, que permitió la creación de la Dinisu, un organismo encargado de gestionar un plan descentralizado para intervenir en asentamientos en los 19 departamentos del país. También mencionó la creación de un fideicomiso que ha permitido duplicar los recursos previstos, alcanzando una suma adicional de 240 millones de dólares, lo que eleva el presupuesto total para los programas de vivienda a más de 480 millones de dólares para el quinquenio.
Según Arbeleche, el objetivo es intervenir en más de 120 asentamientos hacia marzo de 2025, beneficiando a unas 50.000 personas en todo el país.
Este esfuerzo coordinado entre distintas instituciones del Estado tiene como objetivo abordar una de las problemáticas más acuciantes del país: la situación de las personas que habitan en asentamientos irregulares, mejorando no solo el acceso a viviendas, sino también la infraestructura y los servicios básicos en estas zonas. El Plan Avanzar se presenta como una apuesta ambiciosa para combatir la precariedad habitacional en Uruguay, con la expectativa de generar un impacto duradero en la vida de miles de familias.