Dos vehículos, un Hyundai Accent y un Nissan azul, que estaban a disposición de las autoridades judiciales, fueron sustraídos del predio donde permanecían bajo custodia en calle 20, Granja San José. Este incidente, que fue reportado el 8 de octubre, no solo pone en evidencia un fallo en los protocolos de seguridad de los bienes bajo supervisión judicial, sino que plantea interrogantes sobre el manejo de estos bienes en situaciones legales complejas.
El hecho de que un bien que debería estar protegido por la justicia termine siendo objeto de un robo obliga a reflexionar sobre la eficiencia y el control que las instituciones tienen sobre los activos incautados o sujetos a procesos judiciales.
Según el comunicado de la seccional policial involucrada, las investigaciones están en curso, y se está recabando información para esclarecer quiénes son los responsables. Sin embargo, lo que queda claro desde el primer momento es que este hurto no es un delito común. Se trata de la vulneración de un sistema legal, que debería garantizar no solo la seguridad de las personas, sino también de los objetos que están bajo su responsabilidad.
La pregunta que surge es: ¿cómo es posible que estos vehículos hayan sido robados bajo estas circunstancias?. Este caso revela potenciales fallos en la custodia y control de bienes legales, poniendo en tela de juicio las medidas de seguridad implementadas por las autoridades judiciales.
Los predios judiciales suelen ser lugares destinados a la conservación de vehículos incautados, y se espera que cuenten con sistemas de monitoreo y seguridad reforzados, dada la naturaleza de los bienes que albergan.
En el informe policial no queda claro si los autos estaban en un predio judicial o en la calle. Se repreguntó a la policía y señalaron a Carmelo Portal que los autos estaban «en calle 20», sin más datos.