El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresó su preocupación por recientes episodios de censura en Uruguay, que afectan la libertad de expresión y limitan el acceso de la ciudadanía a información relevante para el debate público.
Uno de los casos más notorios se registró en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que prohibió la publicación del primer capítulo del podcast Golpe a la educación, elaborado por la investigadora Virginia Martínez. Según el semanario Brecha, el capítulo trataba sobre las políticas educativas antes de la dictadura en Uruguay, y su censura fue justificada por la falta de «miradas contrastantes». Esta decisión ha generado inquietud, ya que proviene de un organismo cuya misión es proteger los derechos humanos, en un contexto sensible como el cincuentenario del Golpe de Estado.
Otros dos casos de censura están vinculados a la presentación del libro El caso Astesiano, del periodista Lucas Silva, que examina un caso de corrupción protagonizado por el exjefe de la Custodia Presidencial. En Maldonado, el periodista fue inicialmente invitado a la Feria del Libro, pero la editorial recibió la notificación de que Silva no podría presentar su obra. Según el periodista Eduardo Preve, esta decisión provino del director de Cultura del departamento, Jorge Céspedes. Asimismo, en San José, la organización de la Feria del Libro también negó la posibilidad de presentar el libro, rechazando la propuesta de la editorial de organizar un evento específico para este fin.
Cainfo condenó estas acciones tanto en el ámbito público como privado, señalando que restringen la libertad de expresión y limitan el acceso a la información. La organización llamó a las autoridades a revertir estas medidas y a garantizar el respeto de los derechos fundamentales, promoviendo un debate abierto y plural en la sociedad uruguaya.
Estos hechos coinciden con la publicación del Índice de Chapultepec por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que registró una nueva caída de Uruguay en términos de libertad de expresión. El informe señala que este deterioro se debe a “agresiones leves, representadas en discursos estigmatizantes, restricciones al derecho de acceso a la información pública y agresiones hacia periodistas y medios por parte del gobierno y altos funcionarios”.