Montevideo, 23 oct (EFE).- Las elecciones presidenciales y parlamentarias que Uruguay afrontará el próximo 27 de octubre tendrán una segunda cara que también hará tomar una decisión a la ciudadanía: los plebiscitos sobre la seguridad social y los allanamientos nocturnos.
Pese a que se refieren a temáticas muy diferentes, ambas propuestas han dividido las aguas en el sistema político y en el electorado.
Ahora serán las urnas las que decidirán si se reforma la Constitución Nacional mediante una votación en la que los electores tendrán solamente una papeleta vinculada a cada propuesta, que se harán efectivas si una o ambas son introducidas en el sobre por más del 50 % de los votantes.
Seguridad social
Promovido por la central sindical PIT-CNT y apoyado por distintas agrupaciones sociales, uno de los plebiscitos busca modificar el régimen de seguridad social.
En agosto de 2023 comenzó a regir en Uruguay la reforma impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, que elevó la edad de retiro de los 60 a los 65 años y que -entre otros cambios- permitió que los jubilados pudiesen optar por mantener una actividad laboral.
Inmediatamente, el PIT-CNT aprobó impulsar un plebiscito con el objetivo de modificar dicha ley y la Constitución Nacional. Para ello juntaron firmas y alcanzaron las 430.000 cuando necesitaban unas 276.000.
La reforma promovida propone la equiparación de las jubilaciones y las pensiones al salario mínimo nacional, además de la posibilidad de acceder a la jubilación a los 60 años en lugar de a los 65.
A su vez, busca eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional para que el sistema de la Seguridad Social sea gestionado exclusivamente por el Estado.
A favor y en contra
El pasado 1 de octubre, Lacalle Pou dijo que los uruguayos tenían que tomar «una decisión importante» el mismo día de las elecciones e hizo un llamado a la población a no votar a favor del plebiscito.
Enfatizó que con la reforma se logró un sistema al que definió como «justo y sostenible», al tiempo que remarcó que lo que propone el plebiscito es «peligroso y dañino».
«Yo no dudo en decir que hace al sistema insostenible a la mediana o a la larga (…) Si se aprueba el plebiscito crece exponencialmente esa posibilidad de no ser sostenible el sistema», subrayó Lacalle Pou. Asimismo, dijo que eso llevará a que se deban aumentar impuestos y recortar prestaciones importantes en el Estado.
Por su parte, los candidatos a la Presidencia por los partidos de la coalición gobernante también se mostraron en contra de lo propuesto en el plebiscito e incluso firmaron un documento en el que se posicionaron en contra de la reforma.
Mientras tanto, el opositor Frente Amplio decidió darle libertad de acción a sus votantes. No obstante, el candidato a la Presidencia de Uruguay Yamandú Orsi se posicionó en contra.
Por el lado del PIT-CNT, su presidente, Marcelo Abdala, defendió la propuesta y dijo que básicamente están tratando de reconstruir derechos que tenían conquistados.
«Aquí básicamente estamos tratando de reconstruir derechos que teníamos conquistados. Derecho a jubilarnos a los 60 años, recuperar el salario mínimo que rebajó la actual administración y llevarlo a nivel del salario mínimo nacional y además establecer una seguridad social sin lucro», detalló.
Además, dijo que la financiación de la reforma se conseguirá mediante los ahorros que el país puede desarrollar al no tener que transferir dinero a las AFAP y con mayor eficiencia fiscal, mientras que señaló que se debe estudiar «con mayor rigurosidad las cuantiosas exoneraciones que se le da a la gran riqueza».
Allanamientos nocturnos
El otro plebiscito que se votará el próximo domingo fue propuesto por parlamentarios de los partidos que conforman la coalición que gobierna Uruguay y pretende que sean habilitados los allanamientos nocturnos.
El artículo 11 de la Constitución del país expresa actualmente: «El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley».
En este caso, la coalición de Gobierno apoya la iniciativa, mientras que el Frente Amplio emitió una resolución en la que expresó que la propuesta «no es el mejor camino para solucionar los graves problemas de seguridad» y que no la acompañarán.