La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) convocan a un conversatorio sobre la implementación del acuerdo entre APU y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para la transmisión de audiencias judiciales. La actividad se realizará el jueves 27 de marzo, a las 13:00 horas, en la sede de AFJU, ubicada en Wilson Ferreira Aldunate 1280.
El encuentro contará con la participación del doctor Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y expresidente de la Suprema Corte de Justicia (quien intervendrá de forma virtual); la doctora Helena Mainard, presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU); el doctor Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU); la doctora Estefanía Broggi, presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (ADEPU); Pablo Elizalde, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU); y Rody Olivera, secretario general de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
En entrevista con el Portal del PIT-CNT, Pablo Elizalde, en representación de AFJU, explicó que el objetivo del conversatorio es “visibilizar y analizar el convenio firmado entre APU y la Suprema Corte de Justicia, el cual contó con el respaldo de AFJU”. Elizalde afirmó que el acuerdo apunta a que “las audiencias, al ser abiertas y públicas en cumplimiento de la ley y del nuevo Código del Proceso Penal, puedan ser transmitidas por streaming”.
Según indicó, “la Suprema Corte de Justicia aceptó la propuesta y su implementación está en marcha”. No obstante, agregó que “la potestad de transmitir o suspender la transmisión de una audiencia recae en el juez”, quien también puede determinar que ciertas audiencias no sean públicas.
Elizalde mencionó que “esta iniciativa ha sido muy positiva como herramienta de acceso a la justicia y de visibilización de diversas temáticas”, y agregó que “resultó especialmente significativa la transmisión de la audiencia en la que fueron condenadas dos personas por ejercer violencia y acoso laboral en el Poder Judicial”. Según el dirigente, “fue algo muy reparador para el resto de los trabajadores poder ver de qué forma se desarrolló el proceso”.
Consultado sobre las dificultades que enfrenta la implementación, Elizalde sostuvo que “el problema surge cuando los acusados son grupos de presión, ya sean económicos o políticos”. En ese sentido, expresó que “comienzan los cuestionamientos al proceso y las solicitudes para evitar la publicidad de las audiencias, lo que termina bloqueando su transmisión”.
Respecto a los objetivos del conversatorio, Elizalde señaló que “participarán magistrados, defensores, fiscales, funcionarios y actuarios, quienes aportarán su visión sobre esta herramienta”. Según dijo, “este mecanismo contribuye a consolidar la independencia de los poderes, ya que deja en evidencia la influencia de ciertos grupos de presión que buscan impedir la difusión de determinadas circunstancias en la sociedad”.
Además, afirmó que “el acceso a la información es un derecho de la sociedad”, y añadió que “ya sea por decisiones del sistema político o por la influencia de grupos económicos de poder, la ciudadanía termina pagando las consecuencias de sus acciones”. En esa línea, sostuvo que “la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió, cómo se desarrollaron los hechos, y este acceso a la información fortalece el sistema democrático”.
En el actual contexto, Elizalde mencionó que “el papel de la Justicia está siendo cuestionado, el papel de la Fiscalía está en debate y en general, hay voces que ponen en duda ciertos aspectos del funcionamiento del Poder Judicial”.
También expresó que “cuando surgen cuestionamientos desde el sistema político, los grupos de poder económico u otras esferas de influencia, se abre un debate sobre el papel de la Justicia”. A su entender, “es fundamental que la sociedad participe en esa discusión, que reflexione sobre qué tipo de Justicia quiere y merece”.
Elizalde planteó que “en estos 40 años de democracia plena, se ha insistido en que Uruguay es la democracia más sólida de América”, y agregó que “este también es un punto clave a discutir: el papel que ha desempeñado la Justicia en ese proceso y su impacto en el fortalecimiento del sistema democrático”.
En relación al contenido del conversatorio, sostuvo que “pone sobre la mesa múltiples temas vinculados a nuestra organización social y a la forma en que la regulamos”, y agregó que “eso es el marco jurídico: el conjunto de normas que nos rigen como sociedad”.
Respecto al acceso a la justicia, Elizalde manifestó que “es importante visibilizar el sesgo de clase presente en el acceso a la justicia”, y ejemplificó: “no es lo mismo la defensa que puede pagar un empresario vinculado a Conexión Ganadera que la que puede costear alguien que arrebató una cartera en la calle por dos mil pesos”. Según dijo, “mientras unos pueden generar deudas millonarias para el país, otros se enfrentan a penas severas por delitos menores”.
También planteó que “no todos los abogados defienden a todos por igual” y que “es relevante analizar qué argumentos presentan”. En ese sentido, sostuvo que “este debate también tiene un componente de educación ciudadana”.
En cuanto al rol del Poder Judicial en la resolución de conflictos, Elizalde expresó que “muchas cuestiones que no logran resolverse en el Parlamento, en la Torre Ejecutiva o en otros espacios terminan siendo definidas por el Poder Judicial o impulsadas por la Fiscalía”.
Finalmente, afirmó que “la Justicia no cuenta con todas las herramientas necesarias” y que “enfrenta una marcada desigualdad en términos de recursos económicos”. A modo de ejemplo, mencionó “el caso de Conexión Ganadera o, en su momento, las estafas de los hermanos Röhm y los Peirano”.
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