Por Carlos Fariello / (*)
Hace casi un mes que no se dictan clases en los liceos capitalinos del nivel secundario público, aunque la suma de los días perdidos a causa del conflicto sindical debe superar la treintena. Tal aseveración pareciera broma si no fuera que revisando las informaciones de los medios de prensa verificamos que tal frase – con la cual comenzamos este artículo – es plenamente cierta.
También en nuestro medio, con otro grado de acatamiento, los docentes han ejercido el derecho a la protesta y al paro.
El conflicto llevado adelante por los sindicatos de los funcionarios docentes en reclamo de las necesidades salariales y de presupuesto para la educación pública, al poco tiempo de iniciado comenzó a perder legitimidad cuando los demandantes comenzaron a revolver las aguas con sus actitudes inflexibles.
Aguas revueltas que llegaron a su pico de máxima violencia e incoherencia con los lamentables acontecimientos producidos en oportunidad del desalojo del edificio donde, entre otras funcionan las oficinas del CO.Di.CEN de la Administración Nacional de Educación Pública, y que hoy siguen dando que hablar, procesamientos recientes mediante.
Tanto reclamar, que el mismo conflicto, además de sus contradicciones se vino a viciar de ilegitimidades traspasando el umbral de lo mínimamente exigible, desde el punto de vista de la ética, para quienes tienen la delicada misión de formar a las nuevas generaciones de uruguayos.
Han transcurrido los días y lo presupuestal ha dado paso a otros reclamos que tienen que ver con poner en tela de juicio las normas que hacen a la convivencia en el seno de la sociedad, con la crítica ideologizada in extremis de lo que es legal y de lo que no lo es, desconociendo o queriendo desconocer que hay un marco regulatorio que se llama Constitución de la República ante el cual y para el cual todos tenemos derechos y obligaciones como ciudadanos, y que violentarla con la intención de cambiar la realidad, desde una única mirada, nos pone a todos frente al riesgo de los excesos y de su consabidas consecuencias.
Justamente esa mirada desde lo legal nos lleva a pensar que poco se educa con estas actitudes, por más que se les oyó decir a algunos de los voceros sindicales que este conflicto enseña a los estudiantes, poniéndolo como ejemplo de cómo reclamar y de qué maneras hacerlo?, me pregunto.
El derecho a la educación es un derecho humano fundamental y un derecho constitucional, como tal no puede ser limitado ni suspendido por fuerza alguna que así lo quisiera sin lesionar a quienes son sus directos beneficiarios, todos aquellos que quieren estudiar y aprender.
Los días pasan, y se sigue invocando, con menos ímpetu, el reclamo del 6% del presupuesto nacional para la educación. No se atienden los planteos de las autoridades, se ejerce de manera casi obcecada una oposición frontal a todo intento de solución y se cae en lo más triste de todo, en mezclar el conflicto con otras intenciones dañando la herramienta gremial del reclamo por mejoras para el sector como ha sido tradición en el país.
Se cocina entonces un caldo donde el ingrediente principal es la inmoralidad de no obedecer lo que conscientemente debe hacer todo educador responsable, ponerse a trabajar para contribuir a la formación de miles de jóvenes que hace un mes no asisten a clases, que no están contenidos y están al margen de la realidad, que miran lo que pasa y deben sentir la extraña confusión de verse tentados a imaginar que eso es lo natural y correcto, que eso es lo válido para crecer y trascender, para alcanzar el futuro.
Rehuir la responsabilidad de educar no debiera ser moneda corriente sobre todo en estos tiempos donde se hace necesario marcar límites y dejar sembrados valores, unos casi en desuso, que hay que rescatar, y otros que hacen a la maduración ética y moral de todos, tanto jóvenes como adultos.
Nadie tiene ni la verdad ni puede arrogarse el derecho de decidir por el otro en cuanto a lograr la necesaria felicidad de la sociedad. Nadie es juez ni verdugo, pero el ser moral nos dicta que la educación sigue siendo una herramienta para los cambios, y que estos cambios se obtienen a partir de consensos constructivos y nunca por medio de visiones sesgadas y politizadas que tergiversan la esencia de lo que debe ser el espíritu y el talante de una comunidad.
Elogiar lo diverso y respetar las opiniones sin pasar por alto que el derecho a ser y a estar formando parte de esta sociedad es lo valioso, al fin de cuentas, lo que nos permitirá ser útiles y también libres.
(*) Carlos Fariello es profesor y escritor. Estudió Tecnología Educativa en IPA, CLAEH y USAL. Es responsable del Observatorio Astronómico de Durazno, que funciona en el Instituto Dr. Miguel C. Rubino.