Por Nibia Reisch
Han pasado algunos días desde que los productores rurales se autoconvocaron en Durazno, en una multitudinaria asamblea, para reclamarle al Gobierno que tome medidas para mejorar la competitividad, o sea, que les permita seguir trabajando.
Si los sectores productivos se caen, se cae el país.
La realidad hoy indica, que aun haciendo las cosas bien, la mayoría se funde trabajando como consecuencia del costo de pesadas mochilas que tiene que cargar el sector productivo: un dólar barato, el aumento de la presión inflacionaria, el aumento de las tarifas públicas, los impuestos (especialmente la contribución inmobiliaria), el mal estado de rutas y carreteras, la desvalorización del precio de la tierra, el endeudamiento de los productores, la falta de buenas condiciones en el acceso a mercados internacionales y, finalmente, la mochila de los prejuicios.
Antes del encuentro, la posición del Gobierno e integrantes del Frente Amplio (FA) inicialmente fue de “ninguneo”, de minimizar los reclamos, de atacar a los reclamantes. Luego, se dieron cuenta que el país entero estaba protestando. Ya no eran sólo los productores; se sumaron industriales, centros comerciales, organizaciones de jubilados, ciudadanos de todos los rincones del país. Y ahí cambiaron un poco la actitud ante un pueblo reclamando por soluciones.
Hace casi dos años que vengo planteando el problema de la competitividad.
Pero el gobierno estaba empecinado en hacer caja con UTE y ANCAP para tapar los agujeros de las pésimas administraciones de períodos anteriores. En los últimos 5 años UTE transfirió a Rentas Generales la friolera de casi 1.000 millones de dólares. ¿Hasta cuándo UTE y ANCAP serán brutales recaudadores de impuestos sin aprobación parlamentaria, meros lacayos del Poder Ejecutivo?
De algo no hay duda: es imperioso bajar el precio de la energía y de los combustibles, ente otras medidas a tomar.
Y acá quiero hacer una puntualización muy especial, referida a declaraciones del ex vicepresidente de la Republica, señor Raúl Sendic, quien fuera el primer vicepresidente en la historia del país en renunciar por hechos de corrupción. El mismo que la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) dictaminó que incurrió en una «violación (…) a las normas vigentes en materia de administración de fondos públicos en lo referente a probidad, rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera y prohibición de uso indebido de fondos».
Mientras ciudadanos uruguayos reclamaban en nuestro país, Sendic fue a Brasil a respaldar a “Lula” Da Silva, también procesado por corrupción, más precisamente por haber aceptado y reformado una vivienda de tres plantas en una zona costera de São Paulo por valor de 3,7 millones de reales (1,1 millones de euros), todo ello pagado por la constructora OAS a cambio de contratos públicos.
Y allá fueron Sendic, representantes del FA y del PIT CNT, a apoyar a un “compañero” acusado y procesado por corrupción, en vez de apoyar al pueblo uruguayo.
Sendic en Porto Alegre declaró: “Hoy en Uruguay estamos viviendo el debate; incluso gremiales agropecuarias que se aglutinan con los dueños de la tierra, reclaman de todo menos que se baje la renta del precio de la tierra. Reclaman que se bajen los costos del Estado, que se asegure energía más barata, que se bajen las políticas sociales (…). Quieren que privaticemos las empresas públicas, una reducción del Estado, pero esos no son los principales objetivos. Lo que más quieren es destrozar la mística que une a los sectores progresistas y de izquierda del continente, con la base social del cambio: trabajadores, clase media, estudiantes”.
Sendic es un atrevido. Sendic miente.
Los autoconvocados no plantearon reducir los gastos sociales. Eso es una mentira. Una más de las que nos tiene tan acostumbrados.
Lo que hay que reducir es el gasto ineficiente del Estado. Hay que optimizar la administración de los recursos. Poner gente capaz al frente de las empresas públicas y demás reparticiones del Estado, y ejercer severos controles.
Hay que cortar con el ingreso de funcionarios públicos. Entre 2004 y 2016 los vínculos con el Estado pasaron de 241.725 a 306.269 (27% más), es decir, ¡64.544 funcionarios públicos más!
Hay que recortar la flota de autos oficiales. En 2004 había 3.395 y en 2017 14.648 (datos al 30 de junio). Desde que el Frente Amplio accedió al gobierno la flota de coches oficiales se incrementó en 11.253 vehículos. O sea, se cuadruplicó. Cuando el FA era oposición reclamaba achicar el Estado, ahora que es Gobierno, lo ha engordado como nunca.
“Juan Pueblo” paga.
El ex vicepresidente es el menos indicado para atacar a los productores rurales, porque él es uno de los principales responsables directos de la situación que atraviesan los productores.
Bajo su administración y otras, ANCAP perdió más de 1.000 millones de dólares. Para tapar el zafarrancho de esas administraciones el Gobierno hace caja a través de las tarifas de energía y combustibles, y establece continuos aumentos de los impuestos, incumpliendo las promesas electorales de no aumento del gasto y de no aumento de impuestos.
Así que, parafraseando al rey Juan Carlos, aquí cabe aquello de “Sendic, ¿por qué no te callas?