El comunicador Fernando Vilar fue el protagonista del mensaje del Poder Ejecutivo en Cadena Nacional que dio respuestas a los reclamos de los productores agropecuarios, leyendo el mismo seguramente mediante «teleprompter».
Así la Presidencia informó que desde 2015 se limitó el ingreso de personal con la incorporación de 2 funcionarios como máximo por cada 3 vacantes generadas por retiros. Como resultado, en los últimos dos años disminuyeron aproximadamente 2.000 vínculos laborales en las empresas públicas. Por otra parte, se priorizaron los vínculos en áreas estratégicas como educación, salud y seguridad.
«En lo que refiere a los viáticos, el Gobierno actual redujo a la mitad los viajes oficiales entre 2014 y 2017. Además, el año pasado se promulgó el decreto que obliga a los cargos jerárquicos a rendir cuentas de toda misión oficial y devolver los viáticos sobrantes, lo que permite mayores controles y reglas claras para su devolución,» dijo el presentador.
«Respecto a los gasto del Estado en publicidad, en 2016 se redujo este rubro más del 30 % en comparación con el promedio anual del período anterior. La reducción fue generalizada, tanto en la administración central como en empresas públicas. Esto demuestra los significativos esfuerzos por racionalizarlo y limitarlo a campañas de información pública y a empresas públicas que se encuentran en competencia.»
En cuanto a la flota oficial, el informe leído por Vilar destacó que » está compuesta de 14.770 vehículos, el 0,61% de todos los vehículos que circulan en el país. Se implementó un sistema electrónico que permite controlar en tiempo real los recorridos y el consumo de combustible de los vehículos de propiedad estatal. Gran parte de la flota se utiliza para brindar a la población servicios básicos e imprescindibles como la seguridad. Al cierre de 2017, casi la totalidad de la flota oficial se encuentra registrada. El cambio ha producido un ahorro de, al menos, 15 % en el consumo de combustible.»
«Acerca de aprobar una ley fiscal, el país cuenta desde 2006 con la Ley 17.947, que fija un tope al endeudamiento neto para todo el sector público. Este endeudamiento mejoró su perfil mediante la conversión de dólares a unidades indexadas de dicho tope e incluyendo todas las fuentes de financiamiento posibles,» asegura el gobierno.
“Fijar dicho tope equivale a establecer un compromiso sobre el resultado global del sector público, lo que contribuye a la sostenibilidad de la deuda y permite suficiente flexibilidad para acomodar las fluctuaciones de la economía”, explica el mensaje. “La alternativa de mantener siempre un resultado fiscal donde se gasta lo que ingresa sería altamente procíclica, ya que implicaría ajustes fiscales en recesiones y no crea incentivos a ahorrar durante la fase expansiva del ciclo”, sostiene Vilar.
En la actualidad, todas las calificadoras de riesgo asignan a la deuda pública uruguaya la categoría de “grado inversor”, y tres de ellas, en un hecho sin precedentes en la historia del país, la categorizaron por encima del escalón mínimo.
Las empresas públicas establecieron compromisos de gestión, política cuyo objetivo principal es promover la calidad y eficiencia de los bienes y servicios públicos, incorporándose también medidas de racionalización del gasto.
En lo que refiere a los costos de energía, aumentó la cobertura de la electrificación rural a un precio unificado nacional. Uruguay es uno de los países más electrificados de América Latina, con una tasa de 99,7 %.
En lo que respecta a las tarifas eléctricas para los sectores industriales, los estudios técnicos muestran que las tarifas de UTE se encuentran en el entorno de los valores promedios de Chile y Brasil. No obstante, existe un marco de trabajo técnico coordinado y permanente para ofrecer alternativas más adecuadas a los consumidores y para que los cambios en la matriz energética se transfieran a la producción, como descuentos comerciales a los grandes consumidores que modulen su producción, para utilizar energía en los horarios en los que cuesta menos producirla, descuentos a industrias electro intensivas, o el nuevo pliego tarifario para consumo no residencial en baja tensión, denominada Tarifa General Hora Estacional.
En lo que refiere a la política de combustibles, en los últimos cinco años el precio del gasoil en nuestro país se abarató en términos relativos tanto con Brasil como con Argentina. El gobierno es consciente de la relevancia que tiene el gasoil como insumo del sector productivo, y por eso ha realizado un esfuerzo importante en los últimos años para lograr un abaratamiento relativo de su tarifa. Es así que los ajustes de precios recientes han implicado que el gasoil aumente menos que la gasolina, lo cual se evidenció con claridad en junio de 2017 cuando el gasoil se redujo un 8 porciento mientras que la gasolina permaneció constante y en enero de 2018, cuando el gasoil aumentó un 4,9 por ciento mientras que la gasolina lo hizo en 9,8 porciento.
Desde 2002, nuestro país cuenta con un régimen de tipo de cambio flexible, lo que permite absorber mejor los vaivenes de la economía internacional que, naturalmente, existen para una economía pequeña y abierta como la nuestra.
El Banco Central del Uruguay interviene ocasionalmente para evitar fluctuaciones bruscas en la cotización de la moneda. Por ejemplo, desde el 15 de diciembre, esta entidad compró 922 millones de dólares, para evitar una caída del tipo de cambio que pudiera afectar a la economía real.
La caída reciente de la cotización del dólar no es exclusiva de Uruguay. El incremento de tasas de interés en Estados Unidos se presenta a un ritmo más gradual que lo esperado, lo que generó una apreciación de casi todas las monedas en relación al dólar.
Se ha argumentado que existe en nuestro país atraso cambiario. Sin embargo, un fuerte atraso cambiario no es compatible ni con el régimen de libre flotación que existe, ni con lo que se observa en las cifras comerciales del país, concluyó el informe de Fernando Vilar.