Por Diego Aboal
(Twitter: @DiegoAboal2 | Email: aboal@cinve.org.uy)
La economía, como otras ciencias, también aborda el problema de la criminalidad y la violencia. Por ejemplo, puede ayudar a cuantificar los costos económicos que el crimen y la violencia generan sobre las distintas sociedades.[1] También puede ayudar a identificar algunos factores que hacen más o menos probable que se cometan ciertos crímenes. Gary Becker, Premio Nobel de Economía 1992, hizo importantes contribuciones en este campo. De hecho su trabajo seminal sobre el tema, llamado Crimen y Castigo, cumple 50 años este año.[2] En particular, extendió el dominio de la teoría económica a distintos ámbitos del comportamiento humano en su relación con el crimen. El punto de partida fundamental de su teoría, es que, en el caso de algunos crímenes, la decisión de cometerlos surge de una decisión racional. Dicho de una forma más llana, los costos y beneficios fueron sopesados antes de cometerlos (aunque sea de una manera imperfecta). Uno de los elementos que Becker señala como importante en la decisión de cometer un crimen o no, en particular aquellos con características económicas, tales como el hurto y asesinatos por motivos económicos (típicamente los asociados a disputas por negocios ilegales), es la probabilidad de ser aprehendido por tal crimen.
La baja probabilidad de que un crimen sea resuelto y por tanto, la percepción de impunidad, es un campo fértil para la expansión de la criminalidad. Recientemente, José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch, señalaba que “[l]a raíz de la desastrosa situación de seguridad pública en Brasil es la impunidad. Ese ambiente hizo posible que unos asesinos osaran matar a una defensora de derechos humanos tan conocida como Marielle Franco. También recientemente la UNESCO señaló que “[e]n los últimos once años (2006-2016), cerca de 930 periodistas han sido asesinados por informar y brindar información al público. En promedio, esta cifra constituye una muerte cada cuatro días. En nueve de cada diez casos, los asesinos quedan impunes. La impunidad conduce a más asesinatos y, a menudo, es un síntoma de un empeoramiento del conflicto y del quebrantamiento de la ley y de los sistemas judiciales.”
¿Qué dicen los trabajos académicos? Si bien no hay evidencia contundente de que mayores penas generen reducción de la criminalidad, sí existe evidencia que apoya la visión de que la policía puede disuadir el crimen aumentando la percepción de que los criminales serán atrapados y castigados.[3]
Yendo al caso de Uruguay. Según información del Ministerio del Interior los homicidios no aclarados en el año 2017 alcanzaron aproximadamente al 50% de los 283 contabilizados. En el 2012 esta cifra alcanzaba a un 31% (ver gráfico). Para poner en contexto estas cifras, en Estados Unidos, el porcentaje promedio de homicidios no aclarados en el período 2010-2016 ha sido de 36%, de acuerdo a datos del FBI.
HOMICIDIOS NO ACLARADOS Y “AJUSTES DE CUENTA”
En Uruguay el término “ajuste de cuentas” ha aparecido muy ligado (correlacionado) a homicidios no resueltos (ver gráfico). El término “ajuste de cuenta” no tiene una definición precisa. El uso del término parece querer significar homicidios por conflictos entre delincuentes. Sin embargo, dada la alta correlación con los homicidios no resueltos, es legítimo preguntarse ¿cómo es posible clasificar crímenes que no se han resuelto y que por tanto, no pueden ser atribuidos a una causa clara? Si bien no es posible inferir causalidad, esta última observación permite especular que ponerle el mote de “ajuste de cuentas” es una forma de explicar, cuando no de justificar, los homicidios no aclarados.
Más allá de esta observación, el mensaje importante es que la creciente no resolución de estos crímenes, es decir la creciente impunidad, expandirá la peor violencia. Es importante reconocer que el Ministerio del Interior y el Gobierno han hecho esfuerzos importantes (entre otros, presupuestales) para mitigar el problema de la criminalidad y la violencia en el país. Sin embargo, el uso el uso de términos no claramente definidos y de estadísticas de criminalidad de una forma poco precisa,[4] no ayuda a solucionar el problema y debilita la imagen de las instituciones que están luchando contra la criminalidad y la violencia.
El pedido de la UNESCO parece más pertinente que nunca: “[s]e está pidiendo a los gobiernos, la sociedad civil, los medios de comunicación y a todos los actores interesados en defender el Estado de Derecho que se unan a los esfuerzos mundiales para poner fin a la impunidad.”
La impunidad es una de las bases para la escalada de la violencia. No hay que dejar homicidios sin resolver. No importan las características del responsable, ni de la víctima, hay que resolverlos con igual eficiencia.
Naturalmente, existen otros factores que también inciden en los niveles de criminalidad. Hay evidencia que señala que condiciones adecuadas del mercado laboral, es decir disponibilidad de empleo y salarios adecuados están asociados con una reducción de la criminalidad (aunque esto no parece funcionar con criminales con un nivel de “productividad” muy elevada)(esto será materia de otro artículo). Todo esto es interesante, ya que deja de lado la visión de que el crimen, en particular el económico, es una actividad completamente irracional y que por tanto, no hay mucho por hacer en su combate en el corto plazo.
[1] Por ejemplo junto con Bibiana Lanzilotta, Magdalena Dominguez y Maren Vairo, hemos cuantificando estos costos para Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Uruguay. The Cost of Crime and Violence in Five Latin American countries, European Journal on Criminal Policy and Research 22(4): 689-711 (2016).
[2] Gary S. Becker (1968), Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy 76(2): 169-217.
[3] Aaron Chalfin and Justin McCrary (2017), Criminal Deterrence: A Review of the Literature, Journal of Economic Literature, 55(1): 5–48. Daniel S. Nagin (2013), Deterrence in the Twenty-First Century, en Michael Tonry (ed.) Crime and Justice: A Review of Research, vol. 42: Crime and Justice in America: 1975-2025, Chicago: University of Chicago Press.
[4] Ver https://www.elobservador.com.uy/jerarca-interior-dijo-que-bonomi-opino-mal-asesorado-n670886
Publicado en Carmelo Portal con autorización del Blog SUMA