Por Daniel Pérez
(Partido Independiente)
La Junta Departamental de Colonia recientemente consideró y aprobó la resolución del Tribunal de Cuentas en relación a la Rendición de Cuentas presentada por la Intendencia de Colonia correspondiente al ejercicio 2016. La resolución de este organismo de contralor plantea más de 30 observaciones –de diversa entidad- y establece una serie de recomendaciones, las cuales deberían ser tenidas en cuenta por la administración del Dr. Carlos Moreira.
Dentro de esas observaciones hay dos que están referidas a contratación de funcionarios por parte de la Intendencia, concretamente la observación refiere que las contrataciones referidas al personal administrativo y al escalafón obrero y de servicio se realizaron “mediante designación del Intendente” y por tanto, no se siguieron los mecanismos establecidos en el Estatuto del Funcionario Municipal, el cual exige para que para el ingreso de funcionarios se debe realizar “concurso abiertos de méritos y prueba” o sorteo dependiendo del escalafón donde revestirá el funcionario.
Independientemente de la legalidad o no de la medida tomada por el Intendente, estas observaciones deben ser analizadas en función de criterios de transparencia, los derechos de los ciudadanos/as y la expectativa que la ciudadanía tiene en relación a sus gobernantes.
La decisión del Sr. Intendente de designar directamente a los funcionarios que van a ingresar a la función pública durante su administración, carece de los más mínimos criterios de transparencia, actuando en directa contradicción con la normativa vigente al no realizar procedimientos competitivos para la selección de los funcionarios. El Dr. Moreira que fue legislador, conoce bien la importancia cumplimiento de las normas y la realización de procesos competitivos y transparentes por parte de los organismos estatales, no debería caer en este tipo de prácticas.
Por otra parte, la decisión del Dr. Carlos Moreira va en contra del derecho que tienen todos los colonienses de aspirar a trabajar en el Gobierno Departamental, estableciendo de este modo una clara desigualdad entre los ciudadanos. La máxima tan arraigada en nuestra sociedad desde la escuela, que establece que todas las personas son iguales y que la única diferencia válida es la que surge del esfuerzo y los talentos de cada uno, es violentada por el gobierno departamental.
En Colonia, si una persona aspira trabajar en la Intendencia no le alcanza con tener un curriculum laboral y una formación adecuada al cargo que aspira, sino que además deberá contar con el beneplácito del Sr. Intendente, quien se atribuye el derecho a decidir quién ingresa o no a la función pública.
Es inaudito que en pleno siglo XXI se sigan registrando este tipo de prácticas para el ingreso de funcionarios a la Intendencia de Colonia. El Dr. Carlos Moreira conocedor de las normas que rigen a nuestro país y de la aspiración que tiene la ciudadanía que los gobernantes actúen con altos niveles de transparencia, respeto por las normas y los derechos de las personas, debería evitar continuar con estas prácticas propias del siglo pasado –y que hacen sospechar de prácticas clientelísticas- exigiendo que todo ingreso funcionarios a la Intendencia de Colonia se realiza exclusivamente por medio procesos competitivos o sorteo, garantizando de este modo a los colonienses la misma posibilidad de acceder a dichos cargos.