La diputada Nibia Reisch (Partido Colorado) cursó un Pedido de Informes al Ministerio de Salud Pública (MSP) a fin de que éste brinde información referente al inicio, el pasado 24 de marzo, del servicio de respuesta de emergencia de prevención del suicidio a través de la línea (provisoria) 08008483, en coordinación entre esa Secretaría de Estado y el Ministerio del Interior (MI), de acuerdo a un comunicado de ASSE.
“Queremos saber cómo está funcionando la línea de prevención de suicidio dispuesta por el Gobierno”, indicó la legisladora, quien recordó que “desde 1989 funcionaba en nuestro país la ONG Último Recurso fundada por el hermano franciscano Pedro Frontini y la psiquiatra Silvia Peláez. Ésta implementaba diferentes abordajes en Uruguay para prevenir el suicidio: puestos centinela en varios departamentos del país, una línea telefónica, dictado de cursos y talleres. Para eso tenía convenios con diferentes intendencias y con el MI, para la atención de funcionarios y familiares. Pero por cuestiones presupuestales, la Intendencia de Montevideo dejó de brindar su apoyo y pese a que se contactaron con otras instituciones nacionales, ninguna suplantó su aporte”.
A la diputada también le preocupa que, en su momento, en el departamento de Colonia autoridades departamentales y locales le hubieran quitado el respaldo a quienes hace casi 30 años venían trabajando con una experiencia única, en nada menos que la prevención del suicidio. En efecto, según declaraciones de la Dra. Peláez, la Intendencia de Colonia (IDC) y el Municipio de Carmelo también cancelaron los convenios, aparentemente, teniendo en cuenta la recomendación de los doctores Jorge Motta y Eugenio Petit. En nuestro departamento, la ONG se reunía en las localidades de Carmelo y Nueva Palmira para abordar la problemática.
La parlamentaria manifestó que “este es un tema que nos preocupa mucho, por tanto, nos parece que es necesario saber cómo está funcionando la nueva línea telefónica de prevención del suicidio implementada por el Gobierno, dado que en el año 2016 se suicidaron 709 uruguayos, siendo una cifra récord, 19 casos más que en la crisis financiera del 2002”.
La diputada solicitó al MSP conocer la estructura organizacional (equipo multidisciplinario de intervención; operadores telefónicos; equipo de atención en el lugar; derivación a centros de salud, etc.); el equipamiento de que dispone (recursos materiales, locativos, informáticos, vehículo, etc.) y régimen de funcionamiento (días y horarios), tanto en Montevideo como en el interior del país.
Asimismo, requirió que se detalle cuál fue la capacitación brindada al personal, informando quién brindó la misma; horas de capacitación exigidas; evaluación del postulante; procedimiento de selección (perfil y exigencias curriculares solicitadas); y régimen laboral (contratado, pago por comisión de apoyo; personal presupuestado etc.).
Paralelamente, solicitó saber si se hizo uso de personal de la ONG Último Recurso, y si se evaluó el riesgo de no aguardar a que el servicio esté en condiciones de funcionar antes de rescindir los convenios existentes con una ONG de amplia y reconocida experiencia en la temática.
“Este es un tema muy delicado. No nos parece oportuno quitarle el apoyo a la ONG que hace casi 30 años venía cumpliendo una adecuada tarea y tenía un importante camino recorrido, basado en la experiencia. Por eso creímos importante solicitarle información al Gobierno, que explique qué trabajo está haciendo y cuáles son sus resultados. En la prevención de suicidio, la efectividad del trabajo es clave a la hora de salvar las vidas de nuestros compatriotas y de atender a sus familias”, finalizó la legisladora.