La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) detectó mediante una investigación una falta de voluntad política de las autoridades y capacidades limitadas de aquellos funcionarios destinados a implementar políticas enfocadas a disminuir las inequidades de género en intendencias y municipios.
Se trata del estudio denominado «Desigualdades de Género en el Segundo y Tercer Nivel de Gobierno en el Uruguay,» trabajo realizado por Carmen Beramendi, Florencia Casarotti, Luciana Fainstain, Ana Gabriela Fernández y Cecilia Rocha de la Dirección de Descentralización e Inversión de la OPP, al que accedió Carmelo Portal.
«En materia de igualdad de género, no se han producido cambios significativos respecto a los estudios anteriores.
La planificación en políticas de género y la consolidación en planes de igualdad sigue siendo parte de los objetivos a alcanzar. Los mecanismos se concentran en realizar actividades de sensibilización y visibilidad de la temática en fechas especiales de la agenda internacional y nacional,» dice el documento.
«En el tercer nivel de gobierno los mecanismos de género son prácticamente inexistentes, con la salvedad de Montevideo y el inicio de un proceso en Maldonado u otros municipios de manera aislada,» advierten desde la OPP.
«Para el tercer nivel de gobierno, la formación aparece como un elemento central reclamado por las mismas alcaldesas consultadas. La escasa experiencia del país en el tercer nivel de gobierno ha dejado a los temas de género ausente de las prioridades definidas desde lo nacional para trabajar en los municipios, sin embargo, aparecen iniciativas promovidas desde lo departamental e incluso desde lo local como la creación de una Comisión de Género en el municipio de Nueva Helvecia», destacan.
Todo esto arroja un escenario proclive a la incorporación de la perspectiva de género que se puede impulsar desde el Plenario Nacional de Municipios con la creación de una comisión o área de género y con una mayor articulación con los mecanismos de género departamentales y nacionales. En tal sentido, la Comisión de Género del Congreso de Intendentes podría operar como articuladora de estos ámbitos. En el territorio, las comisiones departamentales y subcomisiones por una vida libre de violencia de género pueden ser un ámbito de articulación como ya lo representan en algunos casos y puede ser tenido en cuenta para profundizar el trabajo en territorio de los organismos nacionales.,» advierte el estudio.
«Tanto desde las intendencias como municipios «se introducen nociones de diversidad sexual, se
advierte sobre la necesidad de realizar acciones específicas hacia las mujeres en un número importante de departamentos, pero sin embargo el discurso guarda poca relación con la puesta en práctica de las políticas y los lugares que los mecanismos ocupan en el interior de las intendencias.»
En la investigación el departamento de Colonia aparece dentro de aquellos que según la OPP están muy lejos de alcanzar los objetivos planteados, la Secretaría de Género de Colonia no tiene un presupuesto específico asignado, cuenta con una funcionaria presupuestada que no participa del Gabinete Departamental, afirma el documento.