La norma, aprobada en 2010, obliga a destinar el 4% de los puestos de trabajo y apenas se llega al 1.3% de las vacantes, señala la investigación periodística de Ana Matyszczyk publicada en El Observador.
«Ocho años después de aprobada la ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, el Estado la incumple, sobre todo en lo relativo al empleo que lo obliga a, como mínimo, contratar a un 4% de personas con algún tipo de discapacidad para la función pública. Sólo el 1.3% de las vacantes cumplen con la ley, lo que implica, solamente, 85 discapacitados remunerados a la fecha, según los estudios que publica la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC),» señala el matutino.
En total hay 37 organismos que incumplen totalmente con la obligación que la ley les asigna. Es decir, que teniendo los cupos de funcionarios para llegar al 4% de personal con alguna discapacidad no contrataron ni a una persona con esta condición.
En esa lista aparece la Intendencia de Colonia, junto a las de Artigas, Treinta y Tres, Lavalleja, Soriano, San José, Paysandú, Rio Negro, Rivera, Rocha y Salto; señaló El Observador.
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