A seis años de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzara la primera alerta sobre el proceso de extranjerización de la tierra que se registra en América Latina, entidades de diversos ámbitos retoman el tema, especialmente en los cuatro grandes productores de alimentos que conforman el Mercado Común del Sur (MERCOSUR): Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la International Land Coalition (ILC), alianza global de organizaciones de la sociedad civil y de agricultores, observan una leve retracción en las ventas de tierras a partir de 2011, que se agudiza desde 2013, persisten las presiones sociales para que los gobiernos fijen límites, informa el periodista Andrés Gaudin en el portal elmercuriodigital.es
No obstante, sólo en Uruguay el Frente Amplio tomó nota de la situación, y por la ley 19.283 del 2014 reguló la venta de campos a capitales externos y prohibió que cualquier Estado extranjero pueda comprar tierras uruguayas. Sin embargo, no puso límites a las operaciones con personas físicas o empresas foráneas. En los otros países de la región las presiones no tuvieron efecto. Por el contrario, los gobiernos de derecha incentivan las prácticas especulativas de lo que conocen como inversiones extranjeras directas (IED).
En el 2012 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) había advertido sobre los efectos negativos de la extranjerización y concentración de la tierra por transnacionales dedicadas a la producción de biocombustibles y el comercio mundial de soja y otros commodities agrícolas. La FAO aludía concretamente al “efecto destructivo que esos fenómenos tienen sobre la seguridad alimentaria, el empleo rural y el desarrollo de la agricultura familiar”.
A fines de 2017 la organización británica Oxfam le puso números a la situación. Tras señalar que América Latina es la región más desigual del mundo en distribución de la tierra, afirmó que sólo el 1% de los establecimientos rurales acapara la mitad del área agrícola, mientras el 80% ocupa apenas el 13%. Oxfam señala que la distribución de la tierra tiene relación directa con el avance minero y petrolero, con el agronegocio y con la forestación. “El extractivismo —denuncia— ha dado lugar a una crisis de derechos humanos y amenaza otras libertades fundamentales”.
En Uruguay desaparecieron 8.000 emprendimientos rurales familiares desde el año 2001 hasta el 2017
En nuestro país, un estudio de la Universidad de la República (UDELAR) mostró el 2 de marzo que el abordaje de la extranjerización por parte del gobierno era necesario pero llegó tarde. En los últimos 16 años, desde 2001 hasta 2017, desaparecieron 8,000 explotaciones familiares y 8 millones de hectáreas que se dedicaban a la agricultura pasaron a manos extranjeras que las destinan ahora a otros fines (biocombustibles, forrajes, forestación).
Los números de la UDELAR son contundentes. Casi 1.7 millones de hectáreas está en poder de 27 sociedades extranjeras, un equivalente a lo que poseen 21,000 fincas familiares. Las mayores empresas son Montes del Plata, UPM, Global Forest Partners y Weyerhausen (explotación forestal) y Union Agriculture Group, Agronegocios del Plata y Ana Paula (explotación agrícola). Algunas de ellas pertenecen a los gobiernos de Finlandia, Suecia y Chile, como las productoras de pasta de celulosa UPM y Montes del Plata. Con 145,000 Ha forestadas, esta última ocupa el 0.08% del pequeño territorio de Uruguay, destaca el informe de Andrés Gaudin.