El Molino Carmelo busca un acuerdo político que le permita solucionar su deuda de Contribución Inmobiliaria, unos U$S 90.000 dólares americanos, para destrabar el trámite del Certificado de Habilitación ante el Ministerio de Salud Pública que tiene una duración de cinco años.
Hoy la planta no cuenta con esa habilitación, lo que la inhabilitaría a continuar trabajando, en un proceso que se viene llevando a cabo con éxito, para ordenar financiera y administrativamente el negocio. Un molino del cual dependen unas cuarenta familias y que viene trabajando silenciosamente entre propietarios, gerencia y trabajadores, para salir de la situación crítica.
En ese sentido hace unos dos años la Compañía de Granos del Uruguay compró el 73% del Molino Carmelo en medio de una situación muy seria que lo llevó a la cesación de pagos. La actividad era inviable y se contrató al Ec. Felipe Dellacha como asesor externo.
Dellacha y trabajadores se presentaron la semana pasada en el Municipio de Carmelo explicando la situación.
Allí se conoció que los nuevos accionistas del molino tenían una participación en la Terminal Granelera del Uruguay en Nueva Palmira y vendieron acciones, lo que redujo la deuda de 4 millones de dólares a solo 1 millón. Se negoció con los acreedores entre los que se encontraba UTE, DGI, Intendencia de Colonia, entre otros.
También se logró comprar trigo, lo que significa para un molino el 60% del costo de funcionamiento. En un mes se compraron 1500 toneladas de trigo a un valor de 300 mil dólares. En diciembre la producción alcanzó las 20 mil bolsas, ascendiendo en enero a 26 mil, febrero 35 mil y se espera lograr a mediados de año las 50 mil.
El Molino Carmelo busca un nuevo acuerdo con la Intendencia, tenía uno que suponía el pago de una deuda de $2.800.000 que solo pudo cumplir hasta mayo del año pasado, quedando al debe $ 2.300.000.
Para continuar la empresa necesita la habilitación de la planta, se maneja la posibilidad de vender unos tres padrones. Pero el tiempo se acorta, técnicamente la Intendencia para habilitar un nuevo acuerdo debería esperar dos años. Lo que intentan los empresarios y trabajadores es un acuerdo político que permita lo que en los papeles no se puede.
El 26 de noviembre se presentó el tema en la Junta Departamental de Colonia. El Municipio de Carmelo elevó una carta de apoyo. También hubo reuniones con el Dr. Carlos Moreira.
La empresa es consciente de las dificultades jurídicas que implicaría un nuevo acuerdo, por eso apelan a la voluntad política casi como única posibilidad de salir de la encrucijada.