Uruguay deberá decidir en las elecciones de octubre, por medio de un plebiscito, si aprueba la propuesta «Vivir sin miedo», una criticada iniciativa del senador y precandidato presidencial Jorge Larrañaga que busca, entre otras cosas, crear una Guardia Nacional integrada por militares.
Esta reforma constitucional comenzó a gestarse en mayo de 2018 cuando Larrañaga anunció la recogida de firmas para alcanzar el mínimo requerido por la Corte Electoral uruguaya y así llevar su propuesta a un plebiscito.
La reforma, que en poco tiempo logró más de 405.000 firmas, también propone permitir allanamientos nocturnos, negar la libertad anticipada a prisioneros culpables de determinados delitos y la pena de reclusión permanente revisable.
Las críticas no demoraron en llegar e incluso diferentes organizaciones de la sociedad civil organizada presentaron a principios de abril la «contra campaña» a «Vivir sin miedo».
En este sentido, el sociólogo, experto en criminología y senador suplente de la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio (FA), Rafael Paternain, explicó a Efe que esta iniciativa responde más a «una dinámica política» que a «una respuesta lógica y natural» del problema del delito en Uruguay.
«Las firmas se consiguen con mucha rapidez, casi sin discusión en torno al alcance de la iniciativa, y eso refleja obviamente un síntoma de un número muy importante de uruguayos que están dispuestos a dar un cheque en blanco para canalizar un problema en materia de políticas de seguridad», señaló Paternain.
Respecto a la propuesta, el experto consideró que recoge elementos «desarticulados» que responden al repertorio clásico «del populismo penal en América Latina».
«La propuesta de la reforma es muy limitada, sin ningún tipo de coherencia, es una sumatoria de cosas destinadas a tener un efecto político», subrayó.
Si bien no le sorprendió la cantidad de firmas alcanzadas, que reflejan la preocupación de la sociedad en mejorar la seguridad pública, a Parternain le llamó la atención que proviniera del sector de Larrañaga, que se relaciona al centroderecha dentro del opositor Partido Nacional.
«Uno puede decir ‘es una demanda y hay que entenderla en sí misma’. Yo creo que no, que la gente no necesariamente está pidiendo lo que el contenido de la reforma dice pero sí está pidiendo cosas, el tema está muy instalado, cala hondo, los principales indicadores de seguridad en el país no son buenos», explicó.
Según Partenain, el FA, que ya lleva 15 años en el Gobierno, no ha podido «cristalizar un modelo de política pública robusto», más allá de iniciativas aisladas.
Desde su punto de vista, el FA tiene «cierto nivel de responsabilidad política que es ineludible» en que este tipo de propuestas tenga tanto apoyo popular.
El oficialismo «no ha dado en la tecla» con su política de seguridad y ha habido «un déficit importante» en el pensamiento estratégico para encarar este tipo de temas.
«También hay que reconocer otras cosas, ha habido reformas institucionales muy importantes, mucha inversión», enfatizó.
A pesar de todo, él considera que finalmente la propuesta no va a alcanzar la mayoría necesaria para llevarse a cabo.
«Estamos en una zona de riesgo porque si esto sale va a ser muy negativo para el país, extremadamente negativo», sentenció y agregó que la gente «no está informada» sobre su contenido.
Por su parte, Larrañaga afirmó en una entrevista con Efe que su proyecto no busca militarizar a Uruguay y que quienes así lo etiquetan cometen «una enorme equivocación».
«¿De qué militarización me están hablando? Nosotros estamos hablando de un funcionamiento de la seguridad como hace más de 200 años funciona en España, Italia, Francia, Holanda, Portugal, donde está la doble fuerza (…)
Rechazamos esa suerte de etiqueta de la militarización de la seguridad pública», afirmó.
Asimismo, consideró que no es una estrategia para ganar las elecciones internas de junio y en las que, según las encuestas, ocupa el tercer lugar de intención de voto detrás del senador Luis Lacalle Pou y el magnate Juan Sartori.
Uno de los aspectos particulares de esta reforma es que ha conseguido las firmas necesarias sin contar con el apoyo de los otros sectores de su partido ni del resto de las formaciones políticas.
Pese a todas las críticas y la falta de respaldo político, la propuesta de Larrañaga ha seguido firme y hoy cuenta con probabilidades reales de ganar y así generar un cambio rotundo en el manejo de la seguridad pública en Uruguay.
Federico Anfitti (EFE)