El 22 de mayo a las 06:30 de la mañana funcionarios policiales de Investigaciones de la Zona IV de Montevideo comienzan el operativo que habían organizado para obtener unos $ 500.000 de una persona que venía siendo investigada por la Dra. Brenda Puppo de la Fiscalía de Flagrancia de 4to. turno de Montevideo.
Esta persona radicada en el departamento de Colonia estaba involucrado en un caso de presunta comisión de un delito de amenazas.
Los funcionarios policiales tenían información reservada, sabían que el imputado manejaba grandes cantidades de dinero puesto que desde hacía un tiempo estaría realizando estafas con una conocida marca de productos cosméticos y de limpieza. Semanas antes habían incautado varios de estos productos.
Es así que los funcionarios policiales concurren al domicilio de los abuelos de la víctima en Nueva Helvecia. Allí se presentan como funcionarios de investigaciones de Montevideo y le piden a la anciana el dato preciso de dónde se encontraba su nieto. Esta señora al ver que eran policías les explica con detalles el sitio donde estaba radicado su nieto en la ciudad de Rosario.
Así es que el grupo de policías se dirigen a Rosario y mediante identificación policial piden ingresar a la finca. La víctima les pide que le muestren la orden de ingreso, a lo que los policías manifiestan lo harán después. Abre la puerta y comienzan a revisar toda la finca sin orden judicial alguna, incautando dos torres de computadoras y un celular. Todo esto sin orden de Fiscalía y tampoco del Juez.
El apriete
Dentro de la vivienda los policías le proponen «un arreglo». Le explican a la víctima que su estado actual era comprometido y le expresan que podría haber un arreglo si este consigue $ 500.000 pesos uruguayos. Al no tener el dinero le comunican que lo trasladaran a Montevideo, a las Oficinas de Zona Operacional IV donde lo ingresan detenido.
Allí viene el segundo intento de apriete. Lo amenazan manifestando que lo enviarán al COMCAR a una celda con 8 personas y que allí seguramente lo matarían. Le indican que ellos podrían limpiar todo para que pudiera continuar con «su negocio». Nuevamente le piden quinientos mil pesos uruguayos a lo que el detenido ahora les oferta entregarle $ 270.000 pesos uruguayos de una cuenta en el BROU. Los seis funcionarios policiales le aceptan la oferta.
La propia policía lo traslada al BROU de Paso de la Arena, le entregan las torres de computadora y el celular incautados y le hacen firmar un acta donde éste autorizaba la inspección «voluntaria» realizada horas antes en su casa de Rosario.
El denunciante ingresa al banco y retira $ 90.000 más U$S 5.600, para luego entregar el dinero a los policías. Estos le devuelven $ 5.000 para que viaje en taxi de regreso a Rosario.
La Fiscal de Flagrancia de 4to. turno de Montevideo manifestó en la causa que si bien conocía la denuncia presentada por amenazas que venía trabajando la Unidad de Investigaciones, en ningún momento ella dio la orden de realizar allanamientos y tampoco incautación. Los policías, mientras tanto le informan a la Fiscal que todo se traba de una broma o una tomada de pelo.
La Ruta de los policías
Mientras todo el plan policial se fue desarrollando las huellas delictivas quedaron registradas por cámaras de seguridad de viviendas y comercios de Nueva Helvecia. También por las cámaras de los peajes de la Barra de Santa Lucía y Cufré, donde se identifica los vehículos en los que se transportaron, las chapas matrículas, así como los rostros de los conductores y acompañantes.
También sus imágenes quedaron registradas en la Dirección Nacional de DIVARU, en comercios aledaños al BROU y en uno de los celulares incautados surge una conversación en WhatsApp indicando con lujos de detalle la estrategia a seguir.
El delito
Según la Fiscalía los imputados incurrieron en la autoría de un delito de Extorsión en Concurrencia fuera de la Reiteración con un delito de Abuso de Funciones, un Delito de Violación de Domicilio Especialmente Agravado, un delito de Privación Grave de Libertad, y un delito de Asociación para delinquir especialmente agravado. También en un delito de extorsión.
Los imputados participaron de los hechos delictivos en su calidad de funcionarios de investigaciones de la ciudad de Montevideo portando camperas oficiales y exhibiendo identificación policial. Actuación que no fue ordenada por la Fiscalía ni tampoco dispuesta por la Justicia, dice el informe de Fiscalía al que accedió Carmelo Portal.
La víctima fue trasladada ilegalmente a una dependencia policial, pero además la retuvieron durante unas seis horas.
Quienes perpetraron estas acciones fueron seis funcionarios policiales que revisten grados de Oficial, Sub Oficial, Sargento y Cabo.