Por Cecilia Alonso**
En el último siglo la temperatura media del planeta aumentó y se prevé que esta tendencia se acelere (Figura 1). También se han observado cambios en el comportamiento de las precipitaciones, en el nivel medio del mar y en los fenómenos climáticos extremos como sequías, olas de frío y de calor, tornados y tormentas, que aumentaron su frecuencia media e intensidad. Esto afecta a la productividad agropecuaria y la infraestructura de la ciudad, lo que se traslada a variables macroeconómicas. Nuestro país no es ajeno a lo anterior, estando incluso situado en una de las regiones de mayor generación de ciclones del hemisferio sur, habiendo experimentado daños millonarios en los últimos años debido a eventos climáticos [1]. Entonces surge la pregunta ¿Uruguay está haciendo algo al respecto? La respuesta se analizará en este artículo.
Figura 1 –
Evolución de la temperatura mundial: Variación respecto a la temperatura de 1850, en grados.
Fuente: “Cambia el clima, cambiemos nosotros/as” MVOTMA-PNUD (2019)
De la misma forma en que el emblemático reptil analiza el entorno antes de cambiar de color, la humanidad debe estar atenta a los cambios y actuar en consecuencia, principalmente dado que los impactos mencionados del cambio climático (CC) perdurarán durante un largo tiempo, incluso si se logra revertir la tendencia creciente de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En línea con lo anterior, se entiende por adaptación a la capacidad de los sistemas naturales o humanos para responder al CC actual o esperado, que permite moderar los daños y aprovechar oportunidades. Puede ser anticipada (antes de observar los impactos), espontánea (cuando no es una respuesta consciente) o ex post (incentivada por un cambio en las condiciones). Varios estudios respaldan que los costos económicos de adaptarse, planificando de una forma inteligente los ecosistemas, son menores que los de no hacerlo [2], por lo que las estrategias de adaptación se respaldan en un principio de racionalidad económica. Particularmente, existe una investigación para la región que menciona que los costos de la adaptación no superan el 0.5% del PIB, mientras que los impactos futuros estimados del CC se ubican entre el 1.5% y el 5% del PIB [3].
En 2010 la COP resaltó la necesidad de formular Planes Nacionales de Adaptación (NAP), lo que tuvo para 2018 como resultado que 11 países ya los habían presentado y 91 habían emprendido actividades para iniciarlos [4], entre los que se encuentran Colombia, Brasil, Chile y Uruguay. Actualmente Uruguay está impulsando los siguientes:
NAP Agro: Busca mejorar los medios de vida de las poblaciones rurales mediante la adopción de sistemas de producción sostenibles y menos vulnerables al CC.
NAP Costas: Busca fortalecer la capacidad para desarrollar metodología de análisis de los efectos del CC en costas y traducirlo en políticas públicas. Siendo la adaptación de los departamentos costeros fundamental dado que estos concentran el 70% de la población y dependen en gran parte del turismo, una de las actividades económicas más relevantes del país y altamente vulnerable al CC.
NAP de Ciudades e Infraestructuras: Busca reducir la vulnerabilidad mediante la creación de capacidades de adaptación y resiliencia en entornos urbanos, y la integración de medidas de adaptación en políticas de planificación territorial, siendo de gran interés dado que el 95% de la población vive en ciudades.
Se estableció que a 2025 se habrán formulado NAP específicos para los sectores salud y energía (es una medida de la CDN).
¿QUÉ SON LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA?
Son aquellas que sirven para reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante efectos reales o esperados del CC. Pueden dividirse en medidas estructurales (construcciones físicas para reducir los impactos de las amenazas), y medidas no estructurales (utilizan el conocimiento para reducir el riesgo, a través de políticas y la educación de comunidades). A continuación se introducen avances y vacíos en Uruguay respecto a las mismas en determinadas temáticas seleccionadas.
Espacios públicos urbanos: La falta de espacios verdes por el crecimiento urbano es una causa del aumento de temperatura en ciudades provocando la presencia de islas de calor. Una medida de adaptación es el enverdecimiento de zonas urbanas, que contribuye a disminuir la temperatura y a generar una mejor captación de aguas de lluvia al ofrecer suelo más permeable. Esto último disminuye el riesgo de inundación que es un fenómeno recurrente en Uruguay.
Ordenamiento territorial: Resultan necesarias medidas que impliquen una densificación de zonas seguras (con menos riesgos climáticos). Algunos Planes Locales de la LOTDS incluyen mapas de riesgo de inundación para lograr, a partir de la planificación urbana, reducir dicho riesgo. Alineado a esto, existen normas que prohíben o desestimulan la ocupación de áreas inundables, y también políticas de relocalización de hogares ubicados en zonas inundables y/o contaminadas.
Sistema Vial: Se pueden presentar inundaciones de puentes y calles y expansión térmica de superficies pavimentadas [5]. Desde el año 2018 existe un Grupo de Trabajo en el MTOP denominado Resiliencia de la infraestructura vial nacional al CC, que estudia particularmente 20 puentes/alcantarillas sujetas a riesgos climáticos, y elaborará un Plan de contingencia para darle robustez al sistema de transporte, minimizando posibles efectos negativos sobre la actividad.
Políticas públicas Agropecuarias: El MGAP incentiva inversiones en Adaptación que ajustan los sistemas productivos agropecuarios en respuesta a estímulos climáticos presentes o esperados. Entre las más destacadas está la instalación de montes de abrigo y sombra, de cortinas rompevientos y un manejo más eficiente de las pasturas naturales.
Sector privado: Múltiples factores limitan la adaptación del sector privado, el principal es que este tiene horizontes de inversión de más corto plazo que los impactos climáticos proyectados, ese desajuste hace que la adaptación quede en un segundo plano. A lo anterior se suma que las empresas no cuentan con capacidades técnicas para diagnosticar el impacto que puede tener el CC en su negocio. Para incentivar la implementación de medidas de adaptación, es necesaria la correcta cuantificación y demostración de los beneficios de ello (principalmente daños y pérdidas evitadas), y la creación de subsidios o beneficios fiscales. A su vez, resulta fundamental el desarrollo de redes, generando que bancos comerciales, agencias aseguradoras, empresas privadas y la sociedad civil actúen en conjunto para adaptarse.
Finalmente, un punto a destacar de la realidad del CC es que puede ser vista como una oportunidad. La capacidad humana de adaptarse a las presiones del medio puede generar transformaciones positivas que redunden en una mejor calidad de vida. Incluso las políticas de adaptación pueden iniciar un círculo virtuoso con el desarrollo sostenible, la innovación y la generación de empleo [6]. De esta forma, se destaca que la fase de recuperación posterior a un desastre es una instancia valiosa para “reconstruir mejor”, en la cual se puede aplicar un enfoque basado en la equidad y promover una sociedad más resiliente y responsable ante el CC.
* Entrada escrita para el Blog SUMA de CINVE www.suma.org.uy.
** Investigadora de Cinve y Consultora para PNUD. Lic. en Economía por la UDELAR.
(Correo: calonso@cinve.org.uy)
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