La propuesta de reforma constitucional «Vivir sin miedo», que implicaba, entre otras cuestiones, el empleo de militares para reforzar la seguridad pública, no alcanza el 50 % de votos necesarios para su aprobación, según las proyecciones difundidas al cierre de las elecciones generales de este domingo.
Según Equipos Consultores, con proyecciones sobre un escrutinio del 100 % y 1,5 % de margen de error, el 47 % de los uruguayos apoyan la reforma constitucional, propuesta por el senador del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga.
Por su parte, las encuestadoras Cifra y Opción indican que la votación a favor de la propuesta llegaría al 47 % y 47,3 %, respectivamente, mientras que Factum proyecta un apoyo de 46,1 % del electorado.
La propuesta, que se incluyó en el sobre electoral de los comicios de este domingo, surgió a principios de 2018 por parte de Larrañaga ante el incremento de los delitos en Uruguay, pues, según cifras del Ministerio del Interior, en el primer semestre de 2019 se registraron 15.819 rapiñas y 171 homicidios.
Los movimientos sociales, la negativa de todos los candidatos a la Presidencia de apoyar esta medida y los abusos de los militares en Chile fueron solo algunas de las razones que llevaron a la población uruguaya a no apoyar esta iniciativa.
Uno de los factores claves para el rechazo a la iniciativa -que a su vez pretendía habilitar los allanamientos nocturnos y establecer la cadena perpetua revisable a los 30 años de reclusión- fue el colectivo «No a la Reforma».
Su portavoz, Ignacio Villar, dijo en una conferencia, tras conocerse las proyecciones, que en 11 meses se logró «revertir todos los pronósticos e instaurar un debate serio y franco».
«Fuimos miles de personas en todo el país, en los barrios y en las calles, movilizados pacíficamente, sensibilizados, informando para que la reforma no saliera», agregó.
Por su parte, Larrañaga indicó que el apoyo de «miles de compatriotas» significa, en su opinión, que ha sabido «canalizar un enorme descontento de la ciudadanía uruguaya con respecto a la política de seguridad que ha llevado el Gobierno del Frente Amplio en los últimos 15 años». (EFE)
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