Por Lucio Cáceres (*)
Hace ya un tiempo que el agua en el país es un tema que solamente figura para el discurso político del Frente Amplio, pero no para la necesaria acción política de gobierno.
Hace 10 años el Frente Amplio promovió una reforma constitucional para que el agua fuera de propiedad pública y que el único que pudiera administrarla fuera el Estado. Se supone que lo motivaba una genuina preocupación por el agua como base de la vida, y que no respondía a una reacción estatizadora e ideologizada, ni a una iniciativa demagógica con objetivo electoral, ni que era motivada por la rescisión de un contrato de concesión de agua en Maldonado. Así lo creyó, de buena fe, la mayoría de la ciudadanía que votó y aprobó la reforma referida.
¿Qué ha sucedido con el agua desde esa fecha hasta la actualidad?
Institucionalmente lo que ha sucedido es, apenas, transferirle las competencias de la Dirección de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), así como las acciones desarrolladas por la OSE expropiando o alcanzado acuerdos con los proveedores privados de agua potable para prestar los servicios. Todo muy “gatopardesco”, porque en relación al agua propiamente dicho, todo ha sido para peor.
En realidad, nunca en mis años de vida he visto una crisis igual en el sistema de agua potable del país.
Empezó en la Laguna del Sauce y el sistema que abastece Maldonado que, no hay ni que decirlo, parecería ser básico para el desarrollo del turismo. Agua sucia, con mal gusto y olor. Se hicieron cantidad de diagnósticos culpando por este fenómeno a la agricultura y al aporte de nutrientes por el desarrollo de las algas o a la falta de tratamiento de los efluentes domiciliarios de La Capuera o de Pan de Azúcar. También oímos al anterior Intendente culpando al cambio climático de ser el principal responsable, para refugiar la culpa en la fatalidad. Ahora, de acción de gobierno específicamente, nada.
Más recientemente, inaugurando la temporada, corte de agua, primero en Maldonado y el este del departamento, y al día siguiente, como por turnos, le tocó a Piriápolis y al oeste del departamento. ¡Se enmarca en el sentido de la igualdad de estos gobernantes!
No son sólo las algas, algo más no funciona en la OSE de Maldonado.
¿Y Montevideo? Desde la concesión del agua potable de Montevideo hace apenas 150 años, nunca se había vivido crisis igual. También en Montevideo, agua sucia, agua con olor, agua con sabor.
Recuerdo que me habían enseñado que el agua era incolora, inodora e insípida. Una revolución la de estos administradores públicos: ¡Hacen pasar por agua algo que no califica como tal!
¿Es que no se sabía que el sistema de agua potable de Montevideo entraría en crisis? Acaso desde la construcción de Paso Severino, ¿no se sabía que el sistema entraría en crisis en 2010 y que a esos efectos estaban previstas las inversiones en la presa de Casupá y en las inversiones en Aguas Corrientes?
¿Qué se ha mejorado en los vertimientos del saneamiento crudo de Fray Marcos, San Ramón y otros centros poblados?
¿Qué se ha hecho para reducir el tiempo de remanencia de las aguas? ¿Ha habido un adecuado manejo de los caudales?
¿Qué se ha instrumentado de las previsiones y prevenciones, hechas en los denostados gobiernos civiles precedentes y hasta en el propio Gobierno militar?
La respuesta se impone: Nada.
¿Cuáles son las medidas en defensa del interés general que han tomado para regular el uso del suelo en las cuencas hidrográficas que aportan a las usinas de agua potable?
Tantas veces he visto argumentar en los últimos tiempos el interés general para limitar los derechos de los ciudadanos, que no haber considerado que el agua potable hace al interés general, es el colmo de los colmos.
Recuerdo los escándalos que armó el Frente Amplio con la última línea de bombeo a Montevideo. Menos mal que se construyó, porque a la fecha no tendríamos siquiera el agua sucia actual para las cisternas.
Si esto hubiera sucedido en tiempos de gobiernos de partidos tradicionales, seguramente habría acusaciones múltiples y toneladas de papel y ríos de tinta, hablando de acomodos de gobernantes con proveedores de agua embotellada, con vendedores de filtros, sesudos diagnósticos desde la Universidad atribuyendo culpas al gobierno de turno y a su imprevisión y seguramente la acusación política de que era el resultado de que no había “modelo de país”.
Yo creo que había modelo de país, pero además, sin necesidad de creer y comprobado en la canilla de la casa, había agua potable y limpia, como toda la vida.
No había necesidad de colocar botellas de agua envasada en los hoteles para el consumo, ni los hogares tenían que comprar agua envasada aumentando su presupuesto (seguramente esto no se registra en el aumento del precio de la canasta familiar) o en su defecto verse obligados a tomar un agua sucia que hay que hacer fe que es potable.
¿Qué tal si apenas con una décima parte del “chamboneo” de ANCAP se hubiera invertido en mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable y una política territorial de cuencas hídricas? ¿Agua potable o ALUR? ¿Cuál será la prioridad?
¿Y qué tal si hablamos del agua en las playas?
El fin de año para festejar tan lucido período y para premiar a las bases políticas más fuertes del Frente Amplio, en Montevideo, ni una playa estuvo en condiciones de ser habilitada para el baño y se ve que el premio lo compartieron con los electores en la Ciudad de la Costa, donde también sucede lo mismo.
La causa es, según dicen, los aportes de nutrientes de la Cuenca del Plata y justamente se evidencian en Montevideo y en Canelones, y no se evidencian ni en San José, ni en Colonia o en la ribera argentina. ¿Será así? ¿O las plantas de tratamiento de Montevideo y los vertimientos de la ciudad de la Costa son los responsables de las cianobacterias?
El gran aporte desde el gobierno departamental canario es que han contratado un equipo de guarda parques para monitorear la calidad del agua en Canelones y de paso contratar un puñado más de amigos, que nunca está de más, para seguir engrosando los 100.000 que ingresaron a la función pública desde que el Frente Amplio es gobierno.
¿Y desde Montevideo? Nada. Es fatalidad regional y queda la intendencia departamental liberada de responsabilidad.
Y la misma displicencia la podríamos extender a otros campos del agua, superficial o subterránea, como bien o como recurso.
A mi modo de ver, ésta es una cuenta más del largo collar de asuntos y temas que funcionaban bien al iniciarse el gobierno del Frente Amplio, que no fueron atendidos durante los últimos 10 años y que ahora, lógicamente, comenzaron a funcionar mal.
Lo mismo que pasó con las carreteras en el tiempo reciente, en donde escuchamos reclamos de diversos sectores en distintos puntos del país.
Con los antecedentes de 25 años de gobierno en la Intendencia de Montevideo, otros tantos en el gobierno de la Salud, de la Educación, de la Universidad o del Sindicato Médico, no nos debería llamar la atención el resultado de este Frente Amplio.
Rey Midas a la inversa, que lo que andaba bien, cuando lo toca, lo hace andar mal, muy mal.
(*) Ingeniero Civil, egresado de la Universidad de la República. Vicepresidente de la Academia Nacional de Ingeniería, Asesor de empresas de construcción privada y de mantenimiento a partir de 2005. Asesor Regional en Infraestructura (ingeniería de infraestructuras, ingeniería del transporte, evaluación de proyectos, asociaciones público-privadas y concesiones). Realiza Evaluación económica de proyectos de inversión para OEA. Ha trabajado junto a UNOPS en proyectos de infraestructura (aeropuertos, puertos y carreteras), asesorando a gobiernos y los inversores institucionales. Ministro de Transporte y Obras Públicas entre 1995-2005. Director Nacional de Vialidad entre 1985-1989. Profesor de la Universidad de la República 1975-2010, UM (2011). Profesor del curso Máster de la Universidad de Piura, Perú (2012-2013). Consultor para el Banco Mundial, el BID, la CAF y los gobiernos de China, Paraguay, Panamá, Argentina, Chile, Perú, El Salvador, Honduras y Colombia.