La confirmación por parte del Gobierno argentino de que utiliza el «ciberpatrullaje» para monitorear el comportamiento social durante la emergencia sanitaria por el coronavirus desató una fuerte controversia en el país, donde la oposición ha reclamado explicaciones al Ejecutivo.
La polémica se originó luego de que la ministra de Seguridad argentina, Sabina Frederic, dijera el martes ante una comisión de la Cámara de Diputados que las fuerzas de seguridad realizaban «ciberpatrullaje» en las redes sociales para «detectar el humor social» y generar así «alertas tempranas» para «prevenir diversas situaciones».
A raíz de la controversia desatada, Frederic salió a aclarar este jueves que el «ciberpatrullaje» es una «modalidad de la ciberseguridad» que se utiliza desde el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y que en estas circunstancias se usa en relación al período de aislamiento obligatorio que rige desde el 20 de marzo en Argentina para evitar la expansión del COVID-19.
En declaraciones a la radio Futurock, la ministra aseguró que el «ciberpatrullaje» es «un monitoreo sobre lo público» -palabras claves en mensajes publicados en redes sociales- que en «ningún caso» implica hacer «indagaciones sobre las personas».
«El objetivo de hacer una supervisión de las redes es identificar la posible comisión de delitos, y en caso de que los identifiquemos dar intervención a la justicia», afirmó.
Explicó que, por ejemplo, se sigue la palabra clave «saqueos» para prevenir posibles situaciones de este tipo en medio de la emergencia sanitaria, pero negó que se controlen mensajes en los que se convoquen a «cacerolazos» de protesta contra las autoridades.
LA OPOSICIÓN PIDE EXPLICACIONES
Un grupo de diputados del Juntos por el Cambio, el mayor bloque opositor en el Parlamento, presentó este jueves un pedido de informes al Ministerio de Seguridad para que explique los alcances del «ciberpatrullaje del humor social» y adelantó que notificaran sobre esta práctica de las fuerzas de seguridad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los diputados opositores piden, entre otras cosas, que el Gobierno de Alberto Fernández aclare si la normativa adoptada para realizar el «ciberpatrullaje» ha sido elaborada tomando en cuenta los principios y derechos consagrados en el marco jurídico argentino vigente sobre libertad de expresión.
La diputada Karina Banfi, una de las firmantes del pedido de informes, dijo hoy que las expresiones de Frederic son «preocupantes» porque «reconoce que el Estado vigila a sus ciudadanos», «viola abiertamente el artículo 14 de la Constitución Nacional que garantiza el derecho a expresar opiniones sin censura previa» y «contradice expresamente a la Ley Nacional de Inteligencia».
«Nuestra responsabilidad como diputados es velar por el cumplimiento de todos los derechos. La libertad de expresión es uno de los pilares indiscutibles de la democracia. No hay excusa alguna para violar derechos humanos», dijo la diputada a través de la red social Twitter.
Por su parte, el senador Pablo Daniel Blanco, también de Juntos por el Cambio, presentó este jueves un pedido de informes al Gobierno para que explique «el objetivo del ciberpatrullaje», una actividad que, según advirtió el parlamentario opositor, «puede ser una herramienta de persecución ideológica que viole principios constitucionales y la privacidad personal».
REPAROS DESDE ORGANIZACIONES
La presidenta de la organización no gubernamental Transparencia Internacional, Delia Ferreira, cuestionó hoy el «ciberpatrullaje» como una práctica «lamentable», equivalente a una «vigilancia de la opinión» y orientada a provocar la «autocensura o el silencio de los críticos», «entre otros usos políticos».
«Para conocer el humor social, haga una encuesta, ministra», recomendó Ferreira desde su perfil en Twitter.
Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina dijo que los protocolos del uso de «ciberpatrullaje» por parte del Estado deben ser «transparentes», sostuvo que, incluso cuando los perfiles en redes sociales sean públicos, «también hay una expectativa de privacidad» y advirtió que la «vigilancia» puede resultar en un «efecto inhibitorio de la libertad de expresión».
En tanto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó su preocupación ante la posibilidad de que «el concepto ‘ciberpatrullaje’ para detectar el ‘humor social'» pueda «terminar siendo mal utilizado para intimidar la libre expresión o afectar a quienes expresan críticas u opiniones disidentes».
«La defensa de la salud pública o el combate a la desinformación nunca deben traducirse en la persecución a la disidencia, y cualquier acción estatal que pretenda cuestionar una publicación debe estar reservada al Poder Judicial», sostuvo Adepa. (EFE)