Uruguay es el país latinoamericano con más capacidad para combatir la corrupción y Venezuela el que menos de acuerdo con un índice anual que, según sus autores, pone en evidencia que la región ha bajado la guardia ante este problema en un momento especialmente preocupante por la pandemia de COVID-19.
La organización Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la empresa de consultoría Control Risks publicaron este lunes el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020, una herramienta analítica basada en datos que fue creada en 2019.
«La ola anticorrupción que estaba avanzando en América Latina hace unos años ha perdido fuerza y, en algunos lugares, está retrocediendo peligrosamente. Lo que es aún más preocupante: esto está sucediendo mientras la COVID-19 está aumentando el riesgo de corrupción en toda la región», dijo Roberto Simon, director senior de políticas públicas de AS/COA, en un comunicado.
En lugar de medir las percepciones o el daño económico causado por la corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir ese problema, que ha sido «históricamente una carga para América Latina que ha minado el crecimiento, la democracia y la gobernabilidad y violado los derechos de millones de personas».
La segunda edición del Índice CCC cubre 15 países latinoamericanos, 7 más que en la primera.
Uruguay tiene la puntuación más alta (7,78 de 10), lo que significa que es el país de los 15 analizados que más probabilidades tiene de descubrir, castigar y detener la corrupción.
A Uruguay le siguen Chile (6,57), Costa Rica (6,43), Brasil (5,52), Perú (5,47), Argentina (5,32), Colombia (5,18), México (4,55), Ecuador (4,19), Panamá (4,17), Guatemala (4,04), Paraguay (3,88), República Dominicana (3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52).
Si se comparan los resultados de 2019 y 2020 en los ocho países analizados los dos años, se aprecia que solo Perú ha mejorado, Argentina se ha mantenido igual y en el resto (Chile, Brasil, Colombia, México, Guatemala y Venezuela) ha habido retrocesos.
«Los resultados del Índice CCC 2020 tienen implicaciones significativas para quienes hacen negocios en América Latina», señala Geert Aalbers, uno de los socios de Control Risks.
«Revelan un panorama legal desigual y cambiante, lo que subraya la necesidad de que las empresas actualicen sus evaluaciones de riesgos y, en consecuencia, adapten sus programas de cumplimiento de la ley para gestionar los riesgos de corrupción de manera más efectiva», agrega.
El Índice CCC analiza 14 variables claves, entre ellas la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.
Se basa en datos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.
(EFE)