Por Federico Anfitti
Pese a la crisis sanitaria causada por el coronavirus, Uruguay está en pleno desarrollo de la segunda planta de pasta de celulosa finlandesa UPM, un megaproyecto forestal considerado la inversión privada más grande en la historia del país pero que divide a la sociedad por los posibles riesgos ambientales.
Aunque el acuerdo se firmó en julio de 2019, durante el último mandato del Frente Amplio (FA, izquierda) en Uruguay, el actual Gobierno de centroderecha coincide en que la nueva planta es un buen proyecto, mientras que los colectivos Coordinación Nacional Contra UPM y «UPM2 NO» intentan detenerlo.
Estas plantas han traído controversia en Uruguay desde que se instaló la primera en 2007. Botnia -que luego pasó a ser UPM- generó un conflicto entre Uruguay y Argentina que incluyó protestas de ambientalistas, cortes de puentes internacionales, un pedido de ayuda del entonces presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, a su par estadounidense George Bush, la mediación del rey de España Juan Carlos I y denuncias ante la corte de la Haya.
La ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Irene Moreira, y el exsubdirector de la Oficina de Planeamiento Presupuestal (OPP) Santiago Soto hablan con Efe en defensa del proyecto y los cuidados medioambientales que habrá. UPM no quiso dar declaraciones a una agencia internacional.
¿UNA INVERSIÓN NECESARIA?
La segunda planta de UPM, que se instalará en el departamento de Durazno (centro), será de unos 3.000 millones de dólares. Sin embargo, el Estado invertirá en infraestructura, carreteras y en un tren de carga cuestionado por el trayecto que hará y su impacto en el recorrido.
«Uruguay va a poner casi el doble de dinero de lo que va a invertir UPM y a cambio de eso no tiene participación en el negocio, ni utilidades, ni acciones. Es inversión que se hace para que toda la ganancia la lleve UPM. Es un pésimo negocio desde todo punto de vista para el Uruguay», asegura a Efe Hoenir Sarthou, integrante de UPM2 NO.
Para el abogado y periodista este acuerdo «es dañoso» para la soberanía del país porque se compromete al uso preferencial de un ferrocarril, le garantiza un caudal de agua y da exoneraciones fiscales.
La disconformidad hace que el movimiento UPM2 NO esté juntando firmas para un plebiscito y así obligar a que los emprendimientos de esta envergadura deban aprobarse por el Parlamento.
Soto, que ocupó la OPP con el Frente Amplio, niega que Uruguay no tenga ganancias y dice que los informes económico-financieros dan «un neto positivo».
«El negocio del Estado no es ganar plata con las inversiones de los privados sino generar puestos de trabajo, infraestructura que usen otros servicios», aclara.
DILEMA AMBIENTAL
«Este es un proyecto que ya había nacido cuando lo agarramos. Nosotros no estamos en desacuerdo, son inversiones que sirven y son muy importantes para el país», subraya Moreira, quien enfatiza la importancia del cuidado medioambiental.
El MVOTMA pidió al Centro Regional para la Gestión de Aguas Subterraneas America Latina y el Caribe (Ceregas) verificar que el acuífero guaraní, una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo, no se vería afectado por la planta y este concluyó que UPM «no causará ninguna afectación».
«En el agua del Río Negro tenemos un control estricto, existe un monitoreo desde hace muchos años (…) somos muy rigurosos del respeto y el cuidado del medio ambiente», afirma.
Los movimientos critican que los estudios de impacto ambiental no los hace el Estado sino la empresa, pero Moreira considera que los técnicos de la Dirección Nacional de Medioambiente «tienen la camiseta puesta» y confía en su evaluación.
INVERTIR O CUIDAR
Mariana Achugar, de la Coordinación Nacional Contra UPM, subraya a Efe que es un mal proyecto «en este contexto de crisis climática» y que el modelo forestal de la celulosa contamina el agua y erosiona los suelos.
«El problema es con toda la lógica implícita en esta manera de operar, que es que vamos a mitigar el impacto de la contaminación. No es tratar hacer un proyecto que no contamine el Río Negro y solo vamos a aceptar proyectos que regeneran el medio ambiente, generan trabajo, sin poner en riesgo la biodiversidad y la salud de la población», reflexiona.
El veterinario y agrónomo Humberto Tartaglia, de UPM2 NO, señala a Efe que el eucalipto hace que no crezca otra especie a su alrededor y el suelo sufre una degradación física y química.
«El último año en que los valores de fósforo y nitrógeno del Río Negro fueron normales fue 2007. Los aportes de afluentes que piensa hacer la planta, de acuerdo a las investigaciones independientes, no hay manera de que el río los diluya efectivamente», asegura.
Aunque ambas organizaciones reafirman que esta planta traerá graves consecuencias ambientales a Uruguay, la ministra asegura que nadie solicitó una reunión para plantear sus controversias.
TRABAJO Y DESARROLLO
El documento de UPM al que accedió Efe detalla generará entre 3.000 y 6.000 puestos de trabajo entre la construcción y la producción, que se generarán «600 pequeñas y medianas empresas uruguayas» y que se llegará a 700 productores rurales uruguayos integrando la forestación a sus campos.
Sin embargo, los movimientos contrarios consideran que las fuentes laborales son una ilusión.
«En los lugares donde han habido grandes obras, cuando eso desaparece, queda un cinturón de miseria, personas desocupadas (…) esa falsa prosperidad deja cosas muy embromadas», opina Tartaglia.
Achugar, en tanto, sostiene que se masculinizará el trabajo e incluso hay estudios que indican que en comunidades a las que llegan estas inversiones crecen la trata y la explotación sexual.
Este miércoles UPM anunció un acuerdo con la Asociación Civil El Paso para prevenir la explotación sexual «en la zona de influencia».
Con los reparos de diferentes asociaciones pero con un amplio respaldo político, UPM sigue su curso: la construcción del ferrocarril que unirá Durazno con Montevideo ya comenzó y, de momento, la inversión no parece detenerse.
(EFE)