Por Rodrigo García
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó este miércoles un proyecto de reforma de la Justicia que pretende dar más independencia y eficacia a ese poder y que el principal frente opositor rechaza por considerar que busca favorecer la impunidad de la exmandataria y actual vicepresidenta, Cristina Fernández, acusada en diversas causas de corrupción.
Esta iniciativa llega nueve meses después de que el peronismo venciera en las urnas al anterior presidente, Mauricio Macri (2015-2019), en cuyo mandato, según viene recalcando la ex jefa de Estado, se impulsó desde los tribunales, bajo la influencia del entonces Gobierno, una persecución a opositores, algo que la ahora oposición siempre ha negado.
«De una vez por todas digamos ‘nunca más’ a una Justicia utilizada para saldar discusiones políticas, y digamos ‘nunca más’ a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”, expresó Alberto Fernández en un acto celebrado en la Casa Rosada, sede del Gobierno en Buenos Aires, acompañado de autoridades políticas y judiciales.
Según dijo, la propuesta de su Gobierno, que asumió el pasado 10 de diciembre, es «consolidar una Justicia independiente» que esté regida por las «mayores normas de transparencia» y tramite los procesos con «celeridad y eficiencia».
«Estoy convencido que todos los argentinos y argentinas participan de estos propósitos», sentenció, convencido de que en los años de Macri se dieron «persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobernaban», se perdió la transparencia, se abusó de la prisión preventiva, se cuestionó a jueces que «expresaran independencia» y se manipuló a otros que respondían «a los intereses del poder de turno».
UN PROYECTO QUE DEBERÁ DEBATIR EL CONGRESO
En concreto, el presidente anunció el envío al Congreso para su discusión del proyecto de ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal -que atiende de delitos como la corrupción y el narcotráfico-, y la creación de un Consejo Consultivo, integrado por «juristas de reconocimiento técnico indiscutido» que deberá elaborar propuestas para la mejora del poder judicial, entre ellas para el «mejor funcionamiento» de la Corte Suprema de Justicia.
El peronista Frente de Todos tiene mayoría absoluta en el Senado, mientras que en Diputados también es el bloque mayoritario pero ningún grupo tiene más de la mitad de los escaños.
En términos generales, el texto propone, continuó Fernández, «organizar mejor» la Justicia Federal y «superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento» del fuero penal, por lo que se impulsará la creación de la Justicia Federal Penal, con asiento en la ciudad de Buenos Aires, lo que conllevará una ampliación del número de juzgados.
«De esta manera, buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática», recalcó.
Para Fernández, ese poder «debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión».
LA OPOSICIÓN, CONTRA EL PROYECTO
La idea del Gobierno de presentar una reforma de la Justicia viene generando fuerte debate en el país desde hace varias semanas.
La coalición Juntos por el Cambio, el principal frente opositor y al que pertenece el expresidente Macri, expresó su postura en contra al considerar que no es una prioridad en medio de la pandemia del coronavirus y la crisis económica que vive el país desde 2018, agravada ahora por la COVID-19.
Sobre la comisión de expertos, la formación política considera que una mayoría de sus integrantes tiene una opinión formada de sugerir una ampliación de los miembros de la Corte Suprema y un funcionamiento del máximo Tribunal en salas, que tiene un objetivo «claro».
«Crear una instancia más en el sistema de justicia penal federal para seguir prolongando causas, para dictar nulidades, sobreseimientos, o cualquier otra resolución judicial que garanticen impunidad», señaló la agrupación política en un comunicado, en alusión a las causas aún abiertas contra Cristina Fernández y otros exfuncionarios de sus años como presidenta, entre 2007 y 2015.
LA «INSTITUCIONALIDAD» DE LA DEMOCRACIA
Fernández, abogado de profesión y desde hace años profesor universitario de Derecho, hizo un repaso histórico del devenir de la justicia en el país desde el primer golpe militar del siglo XX, cuando «comenzó un lamentable proceso de intromisión de la política» en las decisiones de los tribunales.
«Con el correr de los años, hemos visto cómo el influjo del poder político y también otros poderes fue operando sobre la decisión de algunos jueces», insistió.
Para defender su buena voluntad para mejorar el sistema, Fernández aseveró que no ha llegado hasta aquí para «defraudar» a sus alumnos que le oyeron en las aulas de la universidad pública «reivindicar la importancia de preservar las reglas del debido proceso».
«He dedicado más de treinta años de mi vida a estudiar y a enseñar derecho. Por más que por momentos la realidad parezca contradecirme, estoy convencido de que la institucionalidad en la democracia moderna es una condición necesaria para pensar el desarrollo», destacó.
EFE