El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, propuso derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad (18.831), aprobada en 2011, que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar que que se extendió entre el 27 de febrero de 1973 y el 1 de marzo de 1985.
Manini Ríos fue comandante en jefe del Ejército uruguayo entre 2015 y 2019, cargo del que fue destituido por el expresidente Tabaré Vázquez porque el militar cuestionó las políticas de derechos humanos y anticipó su intención de dedicarse a la política.
«Con esta ley se violan “sistemáticamente los principios del derecho”, dijo el exgeneral.
“No se trata de defender dictadores ni torturadores como muchas veces quieren endilgar para mezclar los tantos, se trata de defender el estado de derecho”, expresó el político a radio Montecarlo.
Para él, existen ciertos “magistrados” que están actuando con “prevaricación” y utilizando el derecho de forma “antojadiza usando la Ley 18.831».
“La ley de caducidad, una de las casi 20.000 leyes que tiene nuestro Estado desde 1830, fue la única que fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral, que según nuestra Constitución está antes que los representantes del Poder Legislativo. El cuerpo electoral dos veces, con 20 años de diferencia, ratificó esa ley”, remarcó.
«Sin embargo, un buen día, riéndose del fallo del cuerpo electoral, por una mayoría muy exigua, uno o dos votos a favor, se derogó la ley de caducidad. ¿No será tiempo de reinstalar la ley de caducidad? ¿No será tiempo de derogar esa ley que derogó la ley de caducidad y de esa forma contribuir a una vez por toda dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen usando el derecho a su antojo y con falsos testimonios, llevando inocentes presos?”, abundó.
Manini Ríos reveló que «ese es el planteo y en estos términos hablamos ayer con el presidente de la República», Luis Lacalle Pou.
«La propuesta es muy “sencilla: derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad. Ahí se establecerían las condiciones para empezar a mirar para adelante. Eso no quita que se siga investigando, tratando de saber dónde están los desaparecidos”, apuntó.
Si bien aclaró que Cabildo Abierto es el primero “en apoyar” la búsqueda de los desaparecido», consideró que “seguir encarcelando gente con dudosos testimonios, con dudosas pruebas y probadamente falsas, le hace mal al estado de derecho y creo que no es propio de un país como Uruguay”.
TELAM