La trata de personas, un problema «constante» que existe en Uruguay desde hace «muchísimo» tiempo, encontró en las nuevas corrientes migratorias un cambio que llevó al país suramericano a dejar de ser un lugar «fuertemente de origen» para pasar a ser uno «predominantemente de destino».
Así lo explicó este miércoles a Efe la directora de la ONG El Paso, Andrea Tuana, quien participó en la presentación del informe de la investigación «Dueños de personas, personas con dueños», enmarcada en el proyecto «Uruguay mira la trata».
Este, tiene por objetivo promover la implementación de políticas públicas sobre trata de personas en el país, con enfoque de derechos humanos y está financiado por la Unión Europea (UE).
Según resaltó Tuana, la llegada a Uruguay de varias personas provenientes de la República Dominicana en 2014 generó un cambio en este aspecto e hizo que el 80 % de las víctimas de trata en el país pasaran a ser extranjeras.
Además, enfatizó que el crecimiento se está dando tanto en la trata sexual como en la laboral, que apuntó que está «invisibilizada».
En concordancia con ello, Tuana explicó que en su investigación pudieron hacer más visible ese flagelo que se da en distintas ramas como, por ejemplo, las labores domésticas, el sector de la construcción y el agropecuario.
Dicha investigación ha buscado profundizar en las formas en que se produce y reproduce la trata de personas, especialmente de mujeres con fines sexuales y laborales, incorporando el análisis de otras formas de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, la directora de El Paso resaltó que si bien en Uruguay existen avances en la política pública por la buena legislación que hay en la materia, se necesita aún «más voluntad política».
«Nosotros creemos que el sistema político no logra reconocer el problema de la trata con la magnitud que tiene y, por lo tanto, no logra direccionar recursos y políticas necesarias para la dimensión que tiene el problema», apostilló.
Para Tuana, en Uruguay «existen retrasos» en la respuesta de salud, en la educación y en la rehabilitación y tratamientos que deben recibir las víctimas del daño.
Por su parte, durante el encuentro llevado a cabo a través de la plataforma Zoom, el embajador de la UE en Uruguay, Karl-Otto König, dijo que es «imperioso» intensificar la cooperación para prevenir y ofrecer una protección «efectiva y legítima» a las víctimas.
Asimismo, subrayó que el acuerdo de la asociación entre la UE y el Mercosur prevé una «cooperación intensificada» para combatir este problema de manera «coordinada».
En tanto, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres de Uruguay, Mónica Bottero, aseguró que la trata de personas expresa «todo lo que cualquier Gobierno democrático debería combatir».
«La sociedad merece el rechazo y no solamente el rechazo, sino también que nos ocupemos y que lo integremos en nuestra política pública», sentenció.
EFE