Argentina cumplió este domingo seis meses desde la imposición de medidas de aislamiento social para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, con una situación epidemiológica aún no controlada y un duro costo para su ya golpeada economía.
Desde que el Gobierno de Alberto Fernández decretó por primera vez el aislamiento social obligatorio el pasado 20 de marzo, las medidas de confinamiento se han prorrogado en doce oportunidades, con flexibilizaciones paulatinas y marchas atrás dependiendo de la situación sanitaria en las diversas regiones del país.
La más reciente extensión fue anunciada el viernes pasado y regirá hasta el 11 de octubre.
El Ejecutivo de Fernández, quien asumió la Presidencia en diciembre pasado, sostiene que esta estrategia le ha permitido ganar tiempo para adecuar el sistema sanitario para una mejor respuesta a la emergencia y ralentizar una curva de contagios que en otros países ha sido explosiva.
Desde la detección del primer caso el 3 de marzo pasado, Argentina ha registrado 631.365 contagios, de los cuales 8.431 fueron reportados este domingo, y 13.053 decesos por la COVID-19, tras confirmarse en las últimas horas 144 nuevos fallecimientos, de acuerdo a datos difundidos en la noche de hoy por el Ministerio de Salud.
En la última semana el promedio diario de positivos ha sido de 10.922, con una curva de casos que tiende a estabilizarse pero en un nivel aún alto en el área metropolitana de Buenos Aires, y que está creciendo en el interior del país.
De hecho, la novedad de este fin de semana es que por primera vez desde el inicio de la pandemia el registro diario de casos es mayor en el interior del país (50,8 % del total) que en Buenos Aires y sus alrededores, un área que en mayo concentraba el 93 % de los contagios.
GOLPE ECONÓMICO
Las estrictas medidas de aislamiento que rigieron particularmente desde finales de marzo y hasta mediados de mayo implicaron una paralización casi total en buena parte de una economía que ya venía golpeada por la recesión iniciada en abril de 2018.
En los últimos meses se han concedido muchas flexibilizaciones, pero aún así los indicadores muestran niveles de actividad muy deprimidos y, según la última proyección oficial, el producto interior bruto terminará este año con una caída del 12,1 %, una magnitud de desplome mayor a la observada en la severa crisis de 2001-2002.
De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, la actividad económica acumuló en el primer semestre del año un derrumbe del 12,9 %; la producción industrial arrastró un desplome del 13,4 % en los primeros siete meses del año y el sector de la construcción, un 34 % en el mismo período.
Fuentes privadas dan cuenta de pérdidas de puestos de empleo y cierre de empresas y comercios, cuya actividad ha sido en muchos casos nula en los primeros meses del confinamiento.
La inflación, en tanto, continúa en niveles altos, 18,9 % acumulado en los primeros ocho meses del año, por lo que se descuenta que la tasa de pobreza será mayor al 35,5 % del segundo semestre de 2019, último dato oficial reportado.
CANSANCIO SOCIAL
Un sondeo de la consultora Giacobbe & Asociados revela que, mientras al inicio de la pandemia el 85 % apoyaba las medidas de aislamiento, ahora el 53,4 % rechaza su continuidad.
También de acuerdo a esta misma encuesta, la imagen positiva de Alberto Fernández cayó desde un 67,8 % al inicio de la cuarentena a un 37,3 %.
En este escenario, desde mediados de año se han sucedido una serie de protestas públicas en Buenos Aires y las principales ciudades del interior del país de ciudadanos que rechazan la cuarentena, aunque los reclamos se mezclan con otras consignas, como la oposición a medidas gubernamentales como el impulso a una polémica reforma judicial, entre otras.
«En paralelo, hubo una degradación económica, mucha gente empezó a perder el trabajo y la angustia fue creciendo. Eso lógicamente contribuyó a que cada vez más gente salga a la calle», dijo a Efe Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político.
El analista apuntó que, si bien en las protestas hay un fuerte componente de clases medias, también se observa, en particular en el interior, personas de ingresos bajos que están en la pobreza.
«Al principio, Alberto Fernández tenía mucho apoyo porque había un consenso político y social de que había que hacer una cuarentena. Pero esto cambió cuando empezaron a crecer fuertemente los contagios y las muertes, además con resultados desastrosos en lo económico. En este sentido, el hartazgo ya es total», aseveró Giusto.
EFE