La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó este miércoles una audiencia de dos días por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de las conocidas «Muchachas de abril» y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Osear Tassino Asteazu, en el marco de la dictadura cívico militar de Uruguay.
El caso se remonta al 13 de diciembre de 1974, cuando miembros de las fuerzas conjuntas ingresaron a la vivienda del estudiante de medicina Luis Eduardo González, militante del Partido Comunista y Revolucionario del Uruguay.
González y su esposa, Elena Zaffaroni Rocco, quien se encontraba embarazada en ese momento, fueron detenidos y trasladados a un cuartel.
Durante la audiencia ante la CorteIDH, Elena Zaffaroni explicó que durante el tiempo que estuvieron detenidos fueron sometidos a «torturas, interrogatorios, plantones», pero González especialmente fue sumamente «torturado, apremiado y hostigado en todos los sentidos».
Zaffaroni pidió a los jueces «justicia y derecho a la verdad» para saber en dónde está el cuerpo de su esposo y de otros desaparecidos forzados.
«Pido que la Corte no vea el pedido de justicia solamente en destrabar la imposibilidad de presentar los juicios, aún queda mucho por hacer en eso, pero no alcanza con eso. La justicia principal está en la exigencia al Estado de que entregue la información de qué hicieron con los desaparecidos y en dónde están», puntualizó Zaffaroni.
La demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirma que el Estado uruguayo violó los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal y que la falta de esclarecimiento implicó una violación al derecho a la integridad personal de los familiares.
«Hasta el momento, ninguna persona ha sido condenada, por lo que estos hechos continúan en una condición de impunidad», declaró la primera vicepresidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón.
Además, la demanda argumenta que la aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva constituyó un obstáculo para la investigación de los hechos en distintos momentos, dado que tuvo el aparente efecto de procurar la impunidad.
El perito presentado por la Comisión, Pablo Simón Chargoñia, explicó que pese a que la Ley de Caducidad «ya no es obstáculo por sí misma, la interpretación actual que rechaza el carácter de crimen de lesa humanidad de los hechos delictivos de la dictadura, es una amenaza».
MUCHACHAS DE ABRIL
Por su parte, el 21 de abril de 1974 las «Muchachas de abril», activistas identificadas como Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, de entre 19 y 21 años de edad, fueron asesinadas en su casa tras una ráfaga de balas durante un operativo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
«Hay una falta de investigación frente a las ejecuciones extrajudiciales(…) que continúan en una situación de impunidad, sin haberse tomado en cuenta un enfoque de género y el deber responsable que implica la investigación de este tipo de violencia. Silvia estaba embarazada y su cuerpo fue encontrado desnudo y con múltiples heridas de bala», destacó Mantilla.
Por último, Óscar Tassino Asteazu, dirigente sindical y militante del Partido Comunista del Uruguay, fue detenido el 19 de julio de 1977 por integrantes de las Fuerzas Conjuntas. Al día siguiente y con el rostro cubierto fue llevado a un establecimiento clandestino de reclusión, donde fue visto con signos de tortura. Hasta el momento, se desconoce su paradero.
La asesora de la Secretaría de la Presidencia de la República de Uruguay, Pilar Álvarez, manifestó que «el Estado lamenta los hechos» y que durante la audiencia se informará a la Corte el estado actual de las políticas sobre la investigación, la localización de restos y las reparaciones a las víctimas.
Este jueves continuará la audiencia con los alegatos finales de las partes.
EF