Representantes de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas ocurridas en la dictadura cívico militar en Uruguay (1973-1985) solicitaron este jueves justicia y verdad a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Este tribunal comenzó el miércoles una audiencia de dos días por los casos específicos de las ejecuciones extrajudiciales de las conocidas como «Muchachas de abril» y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González y Osear Tassino Asteazu, ocurridas entre el año 1974 y 1977.
En los alegatos finales de la audiencia ante la CorteIDH, los representantes criticaron que hasta el día de hoy no se ha procesado ni acusado a los responsables, y los hechos continúan en impunidad décadas después.
«Uruguay se precia de ser una de las democracias plenas en América Latina. Si bien tiene varios motivos para hacerlo, en lo que respecta al pasado reciente (…) Uruguay mantiene hasta el día de hoy una deuda que se profundiza con cada día que pasa sin respuestas concretas y efectivas», afirmó la abogada Lucía Giudice.
Añadió que están en condiciones de afirmar que en Uruguay, «en pleno 2021, a 36 años de la vuelta de la democracia y de alternancia en el Gobierno, se vive una situación de impunidad inadmisible».
A lo que afirmó que «no se trata de reparación monetaria, ni discursos empáticos de las autoridades, está en juego la justicia, pero sobre todo la verdad que el Estado uruguayo le debe a las víctimas y familiares».
El caso se remonta al 21 de abril de 1974 cuando las «Muchachas de abril», activistas identificadas como Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio, de entre 19 y 21 años de edad, fueron asesinadas en la casa donde se encontraban tras recibir más de 200 balazos en un operativo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía, indica la demanda contra el Estado.
La demanda también se refiere a los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1974, cuando miembros de las fuerzas conjuntas ingresaron a la vivienda del estudiante de medicina Luis Eduardo González, militante del Partido Comunista y Revolucionario del Uruguay.
González y su esposa, Elena Zaffaroni Rocco, embarazada en ese momento, fueron detenidos y trasladados a un cuartel, donde fueron torturados. Hasta el momento se desconoce el paradero de González.
Además, el 19 de julio de 1977, el dirigente sindical y militante del Partido Comunista del Uruguay, Óscar Tassino Asteazu, fue detenido por integrantes de las Fuerzas Conjuntas.
Al día siguiente y con el rostro cubierto fue llevado a un establecimiento clandestino de reclusión, donde fue visto con signos de tortura. De él también se desconoce su paradero, indica la demanda.
En sus alegatos finales, la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, afirmó que el caso es representativo porque «continúa existiendo una situación de impunidad».
Eso «en vista de que no se han adoptado las medidas necesarias para adoptar de manera diligente las investigaciones, incluyendo la incorporación de una perspectiva de género» expresó.
La demanda también señala que la aplicación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva constituyó un obstáculo para la investigación de los hechos en distintos momentos, dado que tuvo el aparente efecto de procurar la impunidad.
La representación del Estado de Uruguay declaró que no pretende negar los hechos perpetrados durante la dictadura, ni tampoco pone en cuestionamiento los relatos de las presuntas víctimas, pero resaltó que ha adoptado medidas que demuestran la voluntad de cumplimiento en todos los poderes.
«Solicitamos que se declare que Uruguay ha adecuado su conducta y acciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como a los estándares que se derivan de la misma», expresó el agente del Estado, Carlos Mata.
Tras el cierre de la audiencia, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y luego los jueces dictarán un fallo, para lo cual no tienen un plazo establecido.
EFE