La Corte Electoral ha validado casi 450.000 firmas de apoyo al referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto estrella del Gobierno de Luis Lacalle Pou, anunció este martes en Montevideo la Comisión Nacional Por el Sí.
En una rueda de prensa para presentar actividades de campaña en favor del sí a abolir 135 artículos de la LUC en un casi seguro referéndum, Sandra Bargas, representante de la Federación de Cooperativas de Ayuda Mutua (FUCVAM), y Milagro Pau, de la central sindical PIT-CNT, ofrecieron cifras halagüeñas para su causa.
La Corte Electoral había validado hasta este lunes 444.855 firmas de las 497.917 revisadas, lo que, según Pau, «quiere decir que, tras controlar más de la mitad de las firmas presentadas, casi 800.000, el descarte es de 8,036 %», lo que confirma que se superará «de forma muy holgada las 671.544 firmas válidas necesarias» para la consulta.
«Por lo tanto, habrá referéndum», agregó.
Pau explicó que esta campaña «no tiene como centro una disputa entre partidos políticos» y que el debate «es sobre educación, vivienda, empresas públicas, el papel del Estado, los derechos de las y los trabajadores, las libertades públicas, la violencia y la democracia».
«Los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración representan una reforma estructural de la economía y la sociedad uruguaya que define un modelo de desarrollo cuyas características ya estamos sufriendo», apuntó.
Durante la conferencia brindada en Montevideo, la Comisión informó que este sábado 23, a las 16.00 horas (19.00 GMT), comenzará la campaña por el Sí, con la celebración de un evento con actuaciones musicales en el Velódromo Municipal de Montevideo, que tendrá aforo limitado y mantendrá medidas sanitarias contra la covid-19.
Con la entrega de 797.261 firmas el pasado 8 de julio, la organización «Yo Firmo» -integrada por colectivos políticos y sociales-, dio su primer paso para intentar derogar 135 de los 476 artículos de la LUC, aprobada el 9 de julio de 2020.
Una vez entregadas las rúbricas, la Corte Electoral dispone de 150 días para estudiarlas y 120 más para fijar la fecha de la votación.
EFE