La coalición que sostiene el Ejecutivo uruguayo presentó este lunes la campaña en defensa de la Ley de Urgente Consideración (LUC), proyecto insignia del presidente Luis Lacalle Pou, aprobada el 9 de julio de 2020 y que será sometida a referéndum el 27 de marzo para derogar 135 de sus 476 artículos.
Autoridades de los Partidos Nacional y Colorado, De la Gente y Cabildo Abierto e Independiente (PI) explicaron su estrategia para dejar sin efecto la propuesta de colectivos sociales, la central sindical (el PIT-CNT) y el Frente Amplio.
«Aceptamos que se presente esta discusión. Sentimos que la ciudadanía merece una explicación de cuáles son los temas por los que nosotros hemos hecho la ley y queremos recorrer el país entero explicándola», dijo el presidente del PN, Pablo Iturralde.
No obstante, indicó que desde la oposición se está «cuestionando el derecho a gobernar», que fue «concedido legítimamente» por la ciudadanía.
Pese a los obstáculos de la pandemia, la izquierda uruguaya reunió hasta julio cerca de 800.000 firmas para la celebración de un referéndum contra la LUC, a la que la organización «Yo Firmo» considera «regresiva» por, según explicó, restringir el derecho a la huelga o precarizar el acceso a la vivienda.
En diciembre, la Corte Electoral confirmó la cifra de 671.631 rúbricas válidas, que superaron las 671.544 precisas para la celebración de la consulta.
Frente a la opinión de esas organizaciones, el expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) destacó los avances de esta ley en materia de seguridad y telecomunicaciones y la calificó como «un camino de derechos».
Como presidente del PC, durante su intervención llamó a que la ciudadanía «se involucre, razone y actúe más allá» de banderas políticas.
Por su parte, el senador Guido Manini Ríos, líder de CA, subrayó que desde su agrupación se ha trabajado en defensa de esta ley con el recorrido de unas 170 localidades de los 19 departamentos del país.
«Creemos que tenemos el deber de que el 27 de marzo nadie vote confundido. Aquí claramente esta ley asegura libertades, garantiza derechos. No ha tenido ningún efecto negativo en el año y medio que lleva de vigencia. Lo que se busca es generar cambios en la forma de gobernar», expresó.
En la comparecencia también estuvieron presentes el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, en representación del PI, y Daniel Peña, como parte del PG, único de los cinco partidos sin ministros en el gabinete de Lacalle Pou.
El referéndum es obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad y contará con papeletas rosadas para el «Sí» y celestes para el «No».
EFE
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