Han pasado más de cuatro décadas desde la madrugada de 1974 en que las Fuerzas Conjuntas del régimen militar uruguayo acribillaron a Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, cuyos rostros inmortalizados en fotos son recordados cada abril, y su crimen sigue esperando verdad y justicia.
Aquel conmovedor caso, uno de los más brutales episodios de la dictadura (1973-1985), espera aún el ‘mea culpa’ del Estado tras la histórica sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2021 lo condenó a responder también por la desaparición de Óscar Tassino y Luis Eduardo González.
Después de una espera marcada por la ley de amnistía que libró del enjuiciamiento a los responsables, y numerosas dilaciones al pedido de reconocer la verdad, sus familiares todavía buscan respuestas.
DIANA, LAURA, SILVIA
Tres señales de tránsito emergen de la acera en un cruce del tranquilo barrio montevideano Brazo Oriental; los rostros de tres muchachas captan desde ellos la mirada de quien transita por allí.
La casa situada en Mariano Soler 3098 bis fue y seguirá siendo el escenario del asesinato de las tres jóvenes militantes de izquierda, un crimen que, como expresa a Efe la prima de Maidanik, Mónica Wodzislawski, no dejó de cometerse casi medio siglo después.
«Las familias quedaron afectadas para siempre», dice Wodzislawski, quien tenía con su prima, nacida solo un mes antes que ella, un vínculo muy cercano, pues compartían tanto lecturas y espectáculos como confidencias de primeros amores y, luego, «experiencias de militancia».
Mientras la recuerda como una estudiante de Psicología Infantil comprometida con las luchas sociales de su época, Wodzislawski cuenta que, tras ir presa un año y medio por aquella militancia y ser liberada tras el golpe de Estado de 1973, Maidanik tuvo que pasar a la clandestinidad.
«Cerca de fin de año se enteran de que a varias de las que van a presentarse (a un cuartel, como pedían las autoridades) las toman presas otra vez», explica sobre Maidanik y Raggio, compañeras de esa reclusión.
Ambas, para evitarlo, fingieron salir del país y buscaron la ayuda del esposo de Reyes, quien les facilitaría papeles para viajar a Argentina; pero un comando que lo buscaba fue directo a la casa donde, en la madrugada del 21 de abril, pernoctaban las tres mujeres, de entre 19 y 21 años y una de ellas embarazada, y las acribilló.
LAS VÍAS DE LA JUSTICIA
Recuperada la democracia en Uruguay, las denuncias por delitos de lesa humanidad llegaron a los juzgados pero no prosperaron porque, como apunta el abogado retirado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Jorge Pan, la Ley de Caducidad «puso fin a absolutamente todas las investigaciones».
En representación de los familiares de las «Muchachas de abril» y de los desaparecidos Tassino y González, Ielsur intentó que, pese a que la ley exoneraba de responsabilidad penal a quienes integraron las Fuerzas Conjuntas en dictadura, la Justicia ordenara volver a investigar en democracia los crímenes por el «derecho a la verdad».
Sin embargo, jueces y fiscales no accedieron y, cuando «se cerró toda posibilidad en la vía interna», restaba la vía internacional de la mano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la CorteIDH, que, tras una revisión completa de los casos, en noviembre de 2021 dictó a favor de los peticionarios.
«(Según la sentencia) el Estado uruguayo tiene responsabilidad internacional por las ejecuciones de Raggio, Reyes y Maidanik y la desaparición forzada de González y Tassino. Esa responsabilidad (…) se ve agravada porque el Estado estuvo omiso en las investigaciones; a la fecha todavía no hay ninguna persona procesada de todos estos casos», resume.
A esto agrega que la sentencia, en línea con la del caso Gelman vs. Uruguay, es «histórica» al reconocer a los familiares como víctimas que merecen reparación económica y psicológica.
HERIDAS ABIERTAS
Para Javier Tassino, hermano de Óscar Tassino, padre de tres hijos y funcionario público que fue detenido en 1974 y trasladado a un centro de torturas desde que fue desaparecido, la sentencia, que da a Uruguay un plazo de hasta un año para un acto público de reconocimiento y compromiso con investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas, constituye «un gran avance».
Sin embargo, Tassino dice que, mientras el canciller, Francisco Bustillo, ha sido hasta ahora la única autoridad que se pronunció al respecto, aunque no directamente a los familiares o abogados del caso, en el oficialismo prevalece un aire de «oscuridad» y de «no ayudar» a encontrar a las 197 personas que aún siguen desaparecidas.
«En esa coalición (de gobierno) está la gente que sabe (…), en esos grupos políticos. Hubo pronunciamientos en algunos momentos pero no ayudaron, simplemente fueron lugares que señalaron, pero que no había nada. Para esto se necesita una investigación más profunda», remarca.
Wodzislawski, por su parte, enfatiza que el presidente, Luis Lacalle Pou, debe ordenar que se den los datos y dice que la familia no se rendirá porque su tía, con 100 años, espera aún una reparación del Estado.
EFE