La Justicia uruguaya dictaminó, por primera vez, una sentencia contra Google mediante la que obliga a que el buscador de la compañía desindexe información personal que estaba incluida en noticias de hace más de 10 años surgidas a raíz de una denuncia penal ya archivada.
Así lo indicó a Efe Virginia Cervieri, directora del estudio jurídico que defendió a los demandantes ante la empresa tecnológica, bajo el argumento del “derecho al olvido”, al tratarse de información personal contenida en artículos periodísticos “desactualizados y obsoletos” que, a juicio de la abogada, “ya no cumplían con ningún tipo de función informativa”.
El fallo, del que se desconoce a la persona o entidad demandante, condena a Google Argentina, oficina encargada de la región sur de América, y también a su matriz en Estados Unidos.
Esta sentencia, que se dictó en 2021 pero se dio a conocer ahora «porque cada vez más» -alegó la experta- «aumentan los casos de personas que están en la misma situación», no obliga a los medios que publicaron la información a eliminarla de sus páginas; simplemente, el algoritmo de Google no debe arrojar esas noticias como resultado.
Cervieri aseguró también que este dictamen constituye “un verdadero hito en materia de protección de datos personales” y coloca a Uruguay como un país que pone límites “claros” a los gigantes de la tecnología en el manejo y protección de datos personales.
El “derecho al olvido”, sobre el que se apoya esta sentencia, es un concepto relacionado con el derecho a la intimidad e imagen, la protección de datos personales y el derecho al honor.
Cada dato publicado en internet genera una huella digital para las personas relacionadas con esa información, pero el derecho al olvido sirve, según la legislación en la materia que existe, por ejemplo, en la Unión Europea, para que cualquier persona tenga el derecho de pedir eliminar un contenido que le perjudica de alguna manera.
Si bien, en ocasiones, este concepto puede generar fricciones con la libertad de expresión e información, Cervieri aseguró que en este caso la libertad de prensa se mantiene “intacta”, pues las noticias ya publicadas no deben anularse.
EFE