Por Jacinta Rivera Trobo
Transcurrir dignamente el proceso de morir ante una enfermedad incurable que causa un sufrimiento insoportable. Este es el derecho que pretende regular en Uruguay la Ley de Eutanasia, cuyo proyecto es presentado conjuntamente por legisladores de la coalición de Gobierno y de la oposición.
«Indolora, apacible y respetuosa de su dignidad». Así debe ser la muerte de quienes decidan acogerse a este derecho, según el texto impulsado por dos diputados: el abogado Ope Pasquet, del Partido Colorado, uno de los cinco que integra la coalición de Gobierno; y el médico Luis Gallo, del opositor Frente Amplio.
En este país laico, un 55 % de la población se muestra a favor de la aprobación de la eutanasia, según una encuesta de la consultora Cifra difundida a finales de julio, que arroja que entre los creyentes de cualquier religión un 44 % está de acuerdo y un 34 % en contra.
Con una ley de «Voluntad anticipada» existente desde 2013, que permite a pacientes terminales oponerse a recibir tratamientos que prolonguen su vida, el nuevo proyecto busca abolir el actual castigo del Código Penal de entre 6 meses y 6 años de cárcel para quien «determinare al otro al suicidio o le ayudare a cometerlo».
Pasquet comenzó este proceso en 2020 con la redacción de un proyecto que despenalizaba en Uruguay la práctica médica de procedimientos que desencadenasen la muerte; más tarde, gracias al empuje de la sociedad civil, Gallo elaboró otro proyecto que fue más allá y planteó reconocer la eutanasia como un derecho.
Finalmente, y tras intensos debates, ambos proyectos fueron unificados en un texto que cuenta con amplio consenso y que podría ser tratado en septiembre u octubre por la Cámara de Representantes (Diputados), explica Gallo a Efe.
DECIR BASTA
De esta forma, Uruguay, un país reconocido internacionalmente por sus avances en derechos y libertades civiles, sumaría una nueva legislación que acompañe «el tránsito que significa pasar de la vida a la muerte» de una forma «lo más liberadora y lo menos dolorosa posible».
Así ilustra para Efe el significado de la eutanasia la activista y psiquiatra Clara Fassler, integrante del colectivo Muerte Digna Uruguay, desde el que, junto a otros grupos pro eutanasia, hicieron aportes y revisiones al trabajo de los parlamentarios.
«La medicina se ha desarrollado muchísimo, pero no tenemos el conocimiento de la totalidad y, frente a determinadas situaciones, no tenemos alternativas, no podemos proporcionar ni alivio ni curación», argumenta Fassler, con el rigor de quien ha dedicado muchos de sus 78 años de vida a atender pacientes.
La activista reconoce que «no sabemos cuándo ni cómo» todos los seres humanos morimos, pero «saber que tenés alternativas» genera «más tranquilidad» y agrega: «Decir basta da confianza».
«El sufrimiento es algo muy complicado de acompañar y mucho más de vivir», cuenta Fassler, quien asegura que esta ley genera alternativas para que las personas «puedan elegir libremente cómo quieren desaparecer de este mundo».
Entre los legisladores contrarios a este proyecto está la senadora del oficialista Partido Nacional Carmen Asiaín, quien se define como «filosóficamente contraria a cualquier medida que elimine la vida».
Contundente en sus argumentos, la legisladora «blanca» sostiene a Efe que «el Estado no tiene que facilitar la muerte, tiene que ofrecer medidas para la salud».
Para la senadora, «si fuera una cuestión de libertad habría que habilitarlo (el uso de la eutanasia) a todos sin discriminar si están sufriendo», afirma, y ejemplifica: «¿Podría una persona decidir ser esclava de otra haciendo uso de su libertad?».
EUTANASIA, MUERTE NATURAL
El proyecto de ley establece que el fallecimiento por eutanasia será considerado muerte natural y así constará en el certificado de defunción.
El proceso dará inicio cuando la persona presente su petición de asistencia para morir ante un médico, quien le informará de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos.
Cuando el profesional considere que la persona cumple con condiciones de salud «crónicas, incurables e irreversibles», el caso será presentado ante un segundo, o incluso un tercer médico, si no hubiese consenso en el diagnóstico.
Después, el paciente deberá reiterar su voluntad y, una vez hecho el procedimiento, el médico actuante debe informar a las autoridades de salud pública, que fiscalizarán que se cumplió con lo estipulado en la ley.
La norma también incluye objeción de conciencia para médicos y demás personal sanitario.
AMPLIO CONSENSO SOCIAL
Pese a la existencia de la mencionada ley de «Voluntad anticipada», aprobada en 2009 y reglamentada en 2013 por el Ejecutivo de José Mujica (2010-2015), la práctica de la eutanasia aún es considerada un crimen en Uruguay.
La encuesta presentada por Cifra, que arroja solo un 25 % de población contraria, plantea que el factor que más pesa para desequilibrar la balanza es la religión y esta será precisamente una de las banderas, junto con los motivos éticos, que exhibirán quienes se oponen a la regulación.
En los próximos meses, el debate se verá intensificado entre ellos y la mayoría, que está de acuerdo con legislar para morir dignamente. (EFE)