Dos casos contra Argentina y uno contra Perú serán tratados en audiencias públicas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante su 153 período ordinario de sesiones, que se llevará a cabo del 10 al 21 de octubre en tres ciudades de Uruguay.
Este martes en el Palacio Legislativo de Montevideo, el organismo concretó la ceremonia de apertura con un breve encuentro en el que tomó la palabra su presidente, Ricardo Pérez Manrique.
Luego de terminado, el juez uruguayo dialogó con la prensa y aseguró que «la lucha por la democracia y el Estado de Derecho es algo del día a día, porque hay permanentes tensiones en las sociedades».
De acuerdo con esto, resaltó la importancia de la independencia judicial, de la libertad de expresión, de la democracia representativa y de avanzar hacia un desarrollo sostenible.
«Creo que esos son desafíos hoy de la humanidad. Creo que un pequeño país como Uruguay en muchísimos aspectos está en una muy buena línea, pero vuelvo a repetir la invocación a redoblar esfuerzos y a tener presente que esto es una cuestión del día a día», sentenció.
En esta oportunidad la Corte IDH tratará tres casos, uno el 12 de octubre, uno el 13 y otro el 19 del mismo mes.
El primero de ellos es el de la Comunidad de La Oroya contra Perú, que se relaciona «con la alegada responsabilidad internacional del Estado por los supuestos perjuicios causados a un grupo de pobladores» de la mencionada comunidad «como consecuencia de actos de contaminación realizados por un complejo metalúrgico».
«En general, se alega que el incumplimiento de Perú con sus obligaciones internacionales permitió que la actividad minera generara altos niveles de contaminación que han impactado seriamente la salud de las presuntas víctimas», indica un documento de la Corte.
El segundo caso es el de la Asociación Civil Memoria Activa contra Argentina y se relaciona «a la presunta responsabilidad internacional del Estado en relación con el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina», que provocó la muerte de 85 personas.
«Se argumenta que el Estado conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina; que dicho riesgo era real e inmediato; que hubo hechos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA y que el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo», señala el documento.
Finalmente el tercer caso es el de María y otro contra Argentina y se relaciona «a la presunta responsabilidad internacional del Estado en el marco del proceso administrativo y judicial de la guarda y adopción» de un niño en perjuicio de este.
«Se alega que el Estado no adoptó las medidas para que el menor fuera criado por su familia biológica, no agotó las medidas para que ello ocurriera, ni aseguró que la decisión de adopción fuera libre y en el mejor interés superior de las personas menores de edad», apunta el texto.
Además de las tres audiencias, la Corte IDH también llevará a cabo tres seminarios públicos. EFE