La Cámara de Senadores expresó este jueves su «firme rechazo» a la persecución de dos de sus senadores, que, según evidencian mensajes publicados en la prensa, fueron investigados por el exjefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano.
«El Senado de la República declara: Que expresa su firme rechazo a toda práctica que eventualmente pueda atentar directa o directamente contra las libertades civiles y políticas de todos los habitantes de nuestro país», expresa la moción que fue votada en forma unánime tras cinco horas de sesión.
El documento añade que esta situación de «posible vulneración» de libertades civiles y políticas – en la hipótesis de que se confirmara- «lesionaría los fueros» de la Cámara de Senadores y el Parlamento en su conjunto.
Asimismo, la misiva señala que el cuerpo Legislativo «confía en la actuación independiente» del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación para determinar los hechos y las responsabilidades que correspondan.
«Que esta respuesta unánime de los partidos políticos con representación en este Senado constituye un acto de reafirmación democrática que fortalece el compromiso de respeto y defensa de las instituciones republicanas del Uruguay», expresó la moción.
Según los mensajes publicados por la prensa local, revelaron el pedido de una empresa de seguridad extrajera a Astesiano para que elaborara «fichas de información personal» sobre los senadores pertenecientes al partido opositor de coalición de izquierdas Frente Amplio Charles Carrera y Mario Bergara.
En ese sentido, la moción publicada por el Senado agrega que las mismas tendrían fines extorsivos a efectos que se retirara la denuncia penal vinculada a la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081 a la empresa belga operadora de servicios logísticos Katoen Natie.
«La sola posibilidad que se den estas prácticas que podrían erosionar la calidad institucional del país, amerita un mensaje inequívoco de todo el sistema político en el sentido de que no serán toleradas acciones que debiliten el funcionamiento democrático del Uruguay», continuó el documento.
El comunicado concluye con que la forma de garantizar la fortaleza institucional del país consiste en que «la verdad emerja» y se determinen los hechos y las responsabilidades correspondientes. (EFE)
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