El gobierno y la oposición avanzaron ayer en el diálogo que vienen desarrollando en temas de seguridad. Una nueva instancia en la Torre Ejecutiva, con representantes de todos los partidos políticos y con delegados del Poder Ejecutivo, reafirmó que hay puntos en los que existe unanimidad para el cambio y otros aspectos que aún distancian a las partes.
La propuesta del Poder Ejecutivo de expulsar a extranjeros que cometan delitos y que hayan cumplido la mitad de su pena es uno de los temas en los que no hay acuerdo.
Uno de los tantos problemas que forman parte del sistema penal uruguayo refiere a la situación de los no residentes. Cuando un extranjero comete un delito por el cual es enviado a prisión y es liberado de forma anticipada en la mitad de su sentencia tiene que estar en territorio uruguayo, salvo que pida una autorización para salir del país que normalmente se la dan por seis meses, explicó el abogado penalista Jorge Barrera. Así, la persona tiene que volver antes que culmine ese período de tiempo.
La problemática adquiere relevancia cuando el no residente no tiene los recursos necesarios para abandonar Uruguay. De manera que el cumplimiento de su pena en régimen de libertad anticipada lo que deja en un estado de limbo. «¿Y en Uruguay qué hace, dónde consigue trabajo, dónde se inserta? O está con ocio o delinque», dijo Barrera.
Más aún, cuando la Justicia le otorga la libertad condicional para cerrarle la causa debe hacer un informe de vida y costumbres. «¿Y qué informe le van a hacer si el tipo no consiguió trabajo?», se preguntó el abogado.
Por este motivo existe la necesidad inequívoca de regular el tema. «La solución será que los expulsen o será otra pero algo hay que hacer», afirmó Barrera quien, de todas maneras, sostuvo que la solución «no es tan simple» porque «si bien el destierro en la mitad puede generar que haya una situación de desigualdad entre el uruguayo y el extranjero».
En este sentido, desde la oposición se advierte que la iniciativa que el gobierno presentó de expulsar a los extranjeros cuando haya cumplido la mitad de su pena viola el principio de igualdad. Además «puede ser peligrosa», en tanto que puede estimular que extranjeros migren a Uruguay para delinquir, manifestó el diputado nacionalista Pablo Abdala.
Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, dijo que la medida sería «inconstitucional». La oposición reconoce la necesidad de cambiar el sistema actual, pero advierte que la expulsión no es la mejor solución.
El tema ya estuvo planteado en la agenda pública en el año 2013, cuando el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sugirió que los extranjeros recluidos en territorio nacional pudieran completar su pena en el país de origen. En aquel momento, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, se manifestó a favor de que Uruguay adoptara un modelo de expulsión similar al argentino.
Fuente: El Observador.