Argentina presentó la semana pasada una campaña de voluntarios para testear la vacuna de fabricación nacional contra la covid-19, la ARVAC Cecilia Grierson, diseñada para proteger contra las variantes circulantes en la región, incluyendo una versión bivalente contra Ómicron.
“Es importante que Argentina tenga esta capacidad porque antes no la tenía. Al tener su propia vacuna, el país ahorrará en divisas al no tener que importarla desde otros países como venimos haciendo y dependiendo”, indicó el ministro argentino de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, en conferencia de prensa.
La ARVAC se encuentra en el último tramo de ensayos clínicos (etapa 2 de la fase 2/3), donde se requerirá de 1.782 voluntarios mayores de 18 años con las dos primeras vacunas más una dosis de refuerzo.
Estos requisitos específicos responden a la necesidad de poder comparar los resultados con vacunas fabricadas en el resto del mundo y así poder evaluar la seguridad e inmunogenicidad de sus tres fórmulas, así como una versión bivalente contra Ómicron.
En caso de conseguir el cupo necesario de voluntarios, y tras la posterior aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), confían en lanzar la presentación de la vacuna oficialmente a mitad de este año.
Las dosis serán distribuidas en diez centros sanitarios del norte y centro del país entre cuatro provincias y la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades confían en que esta vacuna aumentará “hasta 30 veces los anticuerpos contra las distintas variantes” vigentes del coronavirus.
“Necesitamos que la gente participe como voluntaria para poder completar el desarrollo de la vacuna. Ya participaron 80 en la fase 1 y 260 en lo que va de esta fase 2 y 3. Necesitamos alrededor de 1.800 personas voluntarias más para obtener los datos científicos que avalen la aprobación de ARVAC”, insistió la líder del proyecto e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Juliana Cassataro.
Entre 300 y 400 personas, que comprenden personal científico y técnico de más de 20 instituciones públicas y privadas -como la UNSAM y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)-, vienen trabajando desde 2020 para el desarrollo de esta vacuna.
En este sentido, el ministro de Ciencia y Tecnología expresó que esperan generar una dosis de uso regional que permita al Estado ahorrarse la importación de inoculaciones similares e incluso poder exportarla a otros países suramericanos.
Por último, aclararon que no se espera “ninguna sorpresa” en lo que se refiere a efectos adversos, ya que la tecnología utilizada es la “adyuvante hidróxido de aluminio”, la misma con la que se inmunizan bebés recién nacidos contra la hepatitis A y B.
Además, agregaron que el antígeno utilizado es seguro porque es igual al utilizado contra el covid-19 en dosis posteriores. EFE