Buenos Aires, 16 jun (EFE).- El Gobierno de Argentina pidió a la Justicia hacer un «juicio por la verdad» sobre los bombardeos de 1955 que tuvieron por finalidad derrocar al tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón, informaron este viernes fuentes oficiales.
La solicitud fue presentada este jueves por la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina ante el juzgado federal 6 de la ciudad de Buenos Aires, al que pidió que se investigue como un crimen de lesa humanidad el bombardeo a la Plaza de Mayo, del que se cumplen este viernes 68 años.
En su escrito presentado ante el tribunal, la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina pide que se realice un «juicio por la verdad «en el que se reconozcan los hechos y se repare a las víctimas «luego de tantos años de impunidad».
El 16 de junio de 1955, sectores de la aviación de la Armada y de la Fuerza Aérea de Argentina lanzaron bombas en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino, y ametrallaron zonas estratégicas con el objetivo de derrocar y asesinar al entonces presidente Juan Domingo Perón (1895-1974).
La Secretaría de Derechos Humanos recordó este viernes en un comunicado que el ataque aéreo se realizó en sucesivas oleadas entre el mediodía y el fin de la tarde y que tuvo como blancos principales edificios gubernamentales, como la Casa Rosada -sede del Ejecutivo-, el Ministerio de Ejército y la residencia presidencial, además de las plazas de Mayo y Colón.
El ataque aéreo contó además con el apoyo de tropas terrestres de la Marina y de grupos de civiles.
Según el Gobierno argentino, unas 300 personas murieron asesinadas y cerca de 1.200 resultaron heridas.
El mayor número de víctimas se registró en Plaza de Mayo y sus alrededores, donde ese mediodía se realizaba un acto de apoyo al Gobierno de Perón.
«Ni el presidente ni sus ministros se encontraban en la Casa Rosada, por lo que se constituyó desde el inicio como una agresión hacia las y los civiles con el objetivo de sembrar el terror entre la población y, así, quebrar la adhesión popular al gobierno constitucional», señala el comunicado.
Pocos meses después, en septiembre de 1955, Perón fue derrocado, dando paso a una dictadura cívico-militar que se autodenominó «revolución libertadora».
La Secretaría de Derechos Humanos lamentó que, a pesar del tiempo transcurrido, estos hechos nunca fueran investigados, pero sostuvo que, aunque los responsables materiales e intelectuales en su mayoría ya hayan muerto, el Estado tiene la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar los crímenes de lesa humanidad.
Nota con contenidos de EFE