La Fiscalía Departamental de Carmelo, dirigida por la fiscal María Eugenia Rodríguez, ha obtenido una condena en juicio oral contra J.R.Q.F., hallándolo culpable de reiterados delitos de abuso sexual agravados. La víctima, menor de 18 años, es su ascendente. La pena impuesta es de cinco años de penitenciaría, basada en los artículos 119, 124, 270 y 271 del Código de Proceso Penal, así como en los artículos 1, 18, 46, 47, 60, 86, 272 bis y 279 literales a y c del Código Penal Uruguayo y la ley n° 19.580.
El condenado es el abuelo materno de la niña, quien tenía 4 años al momento de denunciar los abusos. La revelación ocurrió cuando la niña confesó a su tía lo sucedido, describiendo los actos como un «sueño» y exigiéndole mantenerlo en secreto bajo juramento. La tía tomó medidas protectoras en concordancia con la niña, desencadenando la investigación penal que resultó en esta condena.
Los hechos ocurrieron en 2018 y 2019, cuando el condenado cuidaba a la niña mientras su madre trabajaba. Previo a la denuncia, la niña mostró signos preocupantes, como problemas para dormir, comportamiento agresivo con sus hermanas menores y conductas sexualizadas inapropiadas para su edad. Estas conductas llevaron a la madre a buscar apoyo terapéutico, donde los profesionales calificaron los comportamientos como «sucesos post traumáticos».
La Fiscalía presentó pruebas sólidas en el juicio, incluyendo declaraciones de peritos de ITF, profesionales tratantes, la víctima y familiares, así como documentos oficiales que corroboraron el parentesco.
La sentencia destacó que la niña utilizó la palabra «sueño» para describir los abusos, y cómo el condenado manipuló la situación usando el secreto como herramienta típica de abusadores infantiles. Estos actos suelen llevarse a cabo en contextos íntimos, donde solo el relato de la víctima puede dar cuenta de lo ocurrido.
Además de la pena de prisión, se dispusieron penas accesorias que incluyen la inhabilitación para cargos públicos y profesiones relacionadas, pérdida de patria potestad, y restricciones para ejercer funciones en áreas educativas o de salud que impliquen trato directo con menores o personas dependientes. Estas medidas se aplicarán por un período de 10 años. También se condenó al pago de 12 salarios mínimos nacionales a la víctima, y se ordenó notificar a diversas instituciones para su registro pertinente.
Esta condena representa un paso importante en la protección de los derechos de los menores y en el combate contra el abuso sexual infantil.