El déficit operativo de la CJPB (Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias ) ha generado una situación crítica en la que solo se podrán cubrir las prestaciones hasta noviembre próximo, a partir de sus propias reservas. Esta circunstancia condujo a la consideración de la Ley 20.130 de Reforma de la Seguridad Social, conocida por muchos como la Ley Express, cuya aplicación inmediata está prevista para la CJPB y la CJPPU (Caja de Jubilados y pensionistas Profesionales Universitarios), señalan desde el sector Coordinación Para el Cambio de AEBU.
Según la perspectiva mayoritaria de la dirección de Aebu, este déficit puede atribuirse a factores como los efectos de la pandemia y las fluctuaciones en el precio del dólar. Sin embargo, para la agrupación, esta situación es resultado de las sucesivas decisiones gubernamentales y de la respuesta, o falta de ella, por parte del sindicato. Entre estas medidas se cuentan privatizaciones, tercerizaciones, reducciones en las estructuras y redes físicas de las empresas estatales, retrocesos salariales, congelamiento y eliminación de puestos vacantes, despidos y reestructuraciones en el sector privado, la pérdida del ajuste automático y muchas otras, afirma la Coordinadora Para El Cambio
La mayoría de la dirección de Aebu ha estado involucrada en negociaciones desde el 15 de febrero en un contexto de confidencialidad extrema, lo que resultó en la exclusión de nuestra corriente sindical de las discusiones. Durante este período, se llevaron a cabo movilizaciones que, debido a sus características, lograron posicionar favorablemente al sindicato ante los empleadores y el gobierno.
En contraste, las agrupaciones que sí participaron en las negociaciones (98-17-1955) aceptaron desde el principio, sin consultar a la comunidad, que la solución (aunque aún no esté formalizada, la Asamblea General está programada para el 22/08) se base en la contribución de las tres partes involucradas: trabajadores, Estado y banqueros. Esto, a pesar de que las responsabilidades de estas partes no sean equitativas.
Se presupone que esta solución tendrá un costo superior a los U$S 230 millones para los trabajadores (equivalente a un tercio de los 700 millones) hasta 2034, fecha en la cual se espera que la CJPB logre equilibrar sus finanzas, de acuerdo a lo informado.
Nuestra agrupación, a pesar de haber enfrentado la exclusión y la censura por parte de la mayoría sindical negociadora, ha formulado propuestas y las ha compartido para que todos los compañeros interesados puedan contribuir.
Nuestra posición principal es rechazar tanto el contenido como la metodología propuesta y emprender movilizaciones a gran escala para lograr una mesa de negociación en condiciones más favorables, que incluya la participación de todas las corrientes de opinión dentro del sindicato, aclaran desde la coordinadora.
Parte de la solución se encuentra contemplada en la Ley 18.396 (reforma anterior de la CJPB que también implicó la pérdida de derechos y beneficios), como alcanzar el 4% en la PCP y aumentar la contribución del 7.5% por nómina para las empresas que obtienen millonarias ganancias (OCA, Creditel, Créditos de la Casa, Pronto, Prosegur, etc.), acompañado por la reinstauración de los puestos vacantes (incluyendo aquellos ocupados por terceros y privatizaciones, becarios, pasantes, unipersonales, etc.).
Desde enero hemos solicitado la consulta a los compañeros, pero nuestras voces no fueron escuchadas; por el contrario, fuimos excluidos de las negociaciones y nuestras opiniones fueron censuradas.
El 25 de octubre representa el plazo límite para cualquier modificación a la legislación relacionada con la Seguridad Social.
A pesar de las trabas temporales, nuestra determinación para defender a los trabajadores sigue intacta. Este planteamiento, que impacta negativamente en nuestros salarios y afecta principalmente a nuestras compañeras, no logrará menguar nuestras ganas ni nuestra convicción, concluye el comunicado de la Coordinadora Para El Cambio.