El Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) ha tomado la decisión de anular dos licitaciones de gran envergadura luego de que el Tribunal de Cuentas expresara sus observaciones sobre las mismas, publica El Observador.
La primera licitación tenía como objetivo la contratación de automóviles con chofer, mientras que la segunda buscaba la adquisición de vehículos tripulados para traslados terrestres no medicalizados. Ambas licitaciones tenían el propósito de regularizar los traslados de pacientes del SAME 105 y habían sido previamente adjudicadas a la empresa ITHG, la cual, pese a ser nueva en el sector, ya había sido contratada en los dos años anteriores.
El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, informó a La Diaria que se optó por cancelar las adjudicaciones en coherencia con la política de seguir las recomendaciones del TCR. Además, adelantó que los nuevos llamados a licitación incorporarán algunas de las sugerencias del Tribunal. Según lo informado por El Observador, estas resoluciones se tomaron en la sesión del 2 de agosto y no contaron con unanimidad debido a la oposición de Enrique Cabrera, uno de los ministros del Frente Amplio, quien pretendía llevar el asunto a la justicia. Cabrera alegó la posible aplicación del Artículo 49 del TOCAF, ya que se habían identificado indicios razonables de direccionamiento hacia ITHG por una suma millonaria, lo cual planteaba interrogantes sobre la imparcialidad del proceso.
En las resoluciones del Tribunal de Cuentas, se subrayó que resultaba necesario remitir las actuaciones a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, puesto que algunas disposiciones establecidas por ASSE podrían infringir la normativa en beneficio de la empresa ganadora, ITHG.
Respecto a la primera licitación, que implicaba la contratación de hasta 50 automóviles con chofer por cerca de US$ 20 millones, con operaciones a nivel nacional y un máximo de 250,000 horas anuales de vehículos a disposición, el TCR destacó la existencia de restricciones en los términos de referencia que iban en contra de la normativa y excedían el alcance del llamado. Por ejemplo, se mencionaron restricciones desproporcionadas en relación con las certificaciones de los choferes, las cuales estaban limitadas a certificaciones de UNASEV, ETUM o ASSE, lo cual contravenía el principio de concurrencia.
En lo que respecta a la segunda licitación, que se centraba en la adquisición de «móviles tripulados para traslados terrestres no medicalizados» por un costo aproximado de US$ 26 millones, el TCR señaló que las exigencias establecidas no debían contravenir la normativa, ya que el margen de discrecionalidad en la elaboración de los pliegos no podía ser utilizado para tal fin. Una de las observaciones destacadas fue la restricción injustificada en relación con la formación de los oferentes para el uso de desfibriladores externos automáticos (D.E.A), ya que se limitaba la elección a tres institutos de formación, lo cual reducía la competencia.
En definitiva, la ASSE ha decidido dar marcha atrás en estas licitaciones de gran envergadura después de las observaciones del Tribunal de Cuentas, reconociendo la necesidad de ajustarse a los principios de transparencia, concurrencia y cumplimiento normativo en los procesos de contratación.