La legisladora compartió los detalles de la nueva reglamentación del Poder Ejecutivo en las licencias y subsidios por enfermedad destinados a los funcionarios públicos. El objetivo principal de estas medidas es mejorar la gestión de las licencias médicas y asegurar su uso adecuado.
Según esta reglamentación, los funcionarios públicos tendrán derecho a un máximo de 9 días de licencia remunerada, que pueden ser utilizados de manera continua o intermitente. A partir del de esos días, los funcionarios recibirán el 75% de su salario. Algunas condiciones médicas están excluidas de estas regulaciones, como aquellas que requieren tratamientos prolongados, enfermedades laborales o accidentes de trabajo, así como casos en situaciones de emergencia sanitaria.
Durante el año 2022, el 56% de los funcionarios recibió al menos una certificación médica, lo que representa un aumento del 10% en comparación con el año anterior. Estas regulaciones se aplican a todos los funcionarios públicos, excepto a los magistrados, fiscales, diplomáticos en el extranjero y gobiernos departamentales.
El requisito mínimo para acceder al subsidio es tener al menos 75 jornales o tres meses de trabajo desde la fecha de ingreso.
«Hemos trabajado durante mucho tiempo para regular el uso de las licencias médicas, buscando un equilibrio entre apoyar a los empleados con problemas de salud y prevenir el abuso de esta herramienta, lo que podría afectar la calidad de los servicios públicos», aseguró la diputada colorada.
Se han observado cifras preocupantes, especialmente en el Ministerio del Interior, donde en 2022, 16,250 funcionarios utilizaron 709,000 días de licencia médica. En los últimos siete años, las certificaciones médicas en el Ministerio de Interior aumentaron en un 350%.
“Aunque se ha trabajado en este tema desde el inicio de este gobierno, aún queda trabajo por hacer”, dijo Reisch.
En la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), durante el 2022, 53,200 funcionarios obtuvieron 1 millón 560 mil días de licencia, lo que representó un gasto de 177 millones de dólares para el pago de licencias.
Aunque estas regulaciones no se aplican a entidades autónomas, abren la puerta a futuras regulaciones en ese ámbito, lo cual es necesario.
«Estas regulaciones son un paso importante para mejorar la administración de las licencias médicas en el sector público, y seguiremos trabajando para asegurar un entorno laboral más equitativo y eficiente», concluyó Reisch.