Por Alejandro Prieto
Montevideo, 17 nov (EFE).- La enrevesada trama en torno a la emisión de un pasaporte para el hoy prófugo narcotraficante Sebastián Marset sacude al Gobierno de Uruguay, cuya imagen en el mundo como «modelo de transparencia» se ve perforada por renuncias de ministros y señalamientos de corrupción.
La sugerencia de «perder» un teléfono para ocultar mensajes, el pedido de ingresar a una reunión «por el garaje» y un inocente «pasé a saludar» configuran solo la punta del iceberg; los movimientos para la destrucción de un documento que, en manos de la Justicia, pone contra las cuerdas al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.
Un narco muy peligroso
El 3 de noviembre de 2021 se dio el intercambio de mensajes entre los entonces viceministros del Interior, Guillermo Maciel, y de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, que luego, con la renuncia de Ache a fines 2022, acapararía la atención del país.
En él Maciel preguntaba «qué pasó» con el «narco uruguayo muy peligroso y pesado» detenido en Dubái a quien, preso por en la ciudad emiratí por portar un documento paraguayo falso, días después Uruguay le facilitó un pasaporte.
«Las pruebas están a las claras de que el Gobierno sabía, altos funcionarios estaban al tanto de quién era y se le entregó igual el pasaporte», asegura a EFE el analista en crimen organizado Nicolás Centurión luego de que grabaciones de Ache y el canciller, Francisco Bustillo, publicadas recientemente por el semanario local Búsqueda propiciaran renuncias de mayor impacto.
Según Centurión, las conversaciones, en las que Bustillo sugiere a Ache encubrir que sabían quién era Marset y que motivaron su renuncia, así como la del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dan lugar a «muchas suspicacias y especulaciones» sobre un trámite además apurado por las autoridades.
«Resta saber por qué tan rápido, si hubo plata (dinero) de por medio. Ojalá que no, porque sino ya estaríamos hablando de un narco gobierno que le genera facilidades a los narcos», alega el también integrante del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE), quien indica que son muchas las redes criminales a las que figura ligado Marset.
«Hizo su carrera muy rápido, desde joven, y generó contactos (…) está dentro de la lógica del Clan Insfrán, de los más poderosos y peligrosos de Paraguay, que a su vez está en contacto con gente de Bolivia que tiene producción de cocaína, y tiene vínculos con el Primer Comando de la Capital, la organización criminal más grande de Sudamérica», explica.
Cancillería bajo lupa
Con un nuevo canciller, quien hasta la salida de Bustillo era ministro de Industria, Omar Paganini, Uruguay afronta la recta final del actual mandato de la mano de una Cancillería frustrada por no lograr grandes metas del presidente, como acordar un polémico Tratado de Libre Comercio con China sin aval del Mercosur, pero sobre todo «crispada» a nivel interno.
Es que, según la magíster en Relaciones Internacionales Nastasia Barceló, el último escándalo conllevará una investigación administrativa interna en la que son muchos los funcionarios en «instrucción sumarial» o bajo la lupa.
«Esta investigación se tiene que hacer con urgencia porque ya fue determinada por la Justicia y para hacerla va a haber que cambiar de lugar a algunos funcionarios, entonces la situación para el nuevo ministro y la nueva Cancillería es bastante compleja», asegura.
Según la analista, Paganini, que no es diplomático de carrera como Bustillo y viene del mundo empresarial, debe dejar claro, incluso a la prensa, que el proceso será «lo más transparente posible» para subsanar la «bastante perforada» credibilidad de un país que en el mundo se presenta como confiable y libre de corrupción.
Crítico con el Gobierno, el senador por el opositor Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani coincide en que «los últimos acontecimientos dejan muy mal colocado a Uruguay».
«Es un país que siempre han luchado contra el crimen organizado y el narcotráfico y por la transparencia, que ha sido modelo de transparencia en los principales índices internacionales (…) y todo el affaire Marset ha venido dilapidando por lo menos parte de esa rica trayectoria», opina.
Por el contrario, el oficialista Sebastián Da Silva, senador por el Partido Nacional, entiende que Uruguay «es una isla de certezas a nivel sudamericano» y enfatiza que si su imagen internacional no sufrió cuando en 2017, bajo el último mandato del FA, renunció «por corrupción» el entonces vicepresidente Raúl Sendic, tampoco sufrirá ahora.
Pasé a saludar
Tras una conferencia en la que Lacalle Pou anunció los cambios de gabinete y la renuncia de su asesor Roberto Lafluf, encargado de citar a Ache a la reunión con Maciel en la que ella dice haberse negado a remover los chats de un expediente para no cometer un delito, Uruguay espera por la Fiscalía.
El fiscal Alejandro Machado, a cargo de la causa, podría citar a declarar al mandatario por el caso, ya que, en una conferencia, este admitió haberle pedido a Lafluf convocar esa reunión, en la que, dijo, no llegó a estar «dos minutos» porque solo pasó «a saludar».
Si bien para Da Silva no caben dudas sobre el accionar del presidente, Centurión cree que «el círculo se concentra cada vez más hacia arriba» en el escándalo cuando, sopesa, el caso Marset también «hace caer en la cuenta de que Uruguay forma parte del concierto internacional de la cocaína desde hace años».
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