Por Concepción M. Moreno
Buenos Aires, 17 nov (EFE).- La veda electoral, que comenzó en Argentina este viernes a las 8.00 horas (11.00 GMT) y que impide cualquier acto proselitista o declaración política sobre la segunda vuelta de los comicios presidenciales del domingo, quedó teñida de rumores y las sospechas de fraude instaladas por La Libertad Avanza.
El ministro de Economía argentino y candidato oficialista, Sergio Massa, y el diputado libertario Javier Milei, medirán sus fuerzas en las urnas para saber quién presidirá el país desde el 10 de diciembre.
Fuera de las urnas, y en medio de la veda, la formación ultraderechista La Libertad Avanza (LLA) instaló un discurso de sospecha sobre la legalidad del proceso, como ya hizo en las últimas semanas.
«Sólo queremos estar seguros de que se extremen los recaudos y que todo se desarrolle con normalidad», dijo el apoderado de LLA, Santiago Viola, tras comparecer ante el fiscal electoral, Ramiro González.
Esta llamada tuvo que ver con la presentación, este jueves, ante el juzgado electoral de María Romilda Servini, donde acusó a la Gendarmería (policía de frontera) de haber modificado el contenido de urnas y actas de votación en la primera vuelta del 22 de octubre para favorecer a Massa.
En el escrito, LLA admitió que la información sobre el supuesto fraude surgió de redes sociales y de «personas que no quisieron identificarse» y pidió a la jueza que se «extremaran recaudos».
Servini, por su parte, notificó lo denunciado al fiscal González, para que, «de corresponder, inicie las investigaciones del caso».
Viola explicó que «no se presentaron pruebas» porque «no se trató de una denuncia contra ninguna de las fuerzas» de seguridad y dijo que confían en que estas «trabajan de la mejor manera».
También el partido de Milei hizo alusión tanto este viernes como en los últimos días al supuesto robo de boletas, al tiempo que desde la Justicia electoral le han reclamado a esta agrupación que aporte papeletas suficientes para el acto electoral del domingo.
Mientras tanto, y ya sin mítines, encuentros públicos o entrevistas en prensa de los candidatos, el país sigue su vida cotidiana rumbo a los comicios del domingo, en los que, en principio, debería resolverse quién gobernará el país entre 2023 y 2027.
Los números tan igualados de las encuestas previas dejan entrever que el domingo podría haber un empate técnico en el escrutinio provisorio -que se hace sólo a efectos de información a la población- y haya que esperar al definitivo -que comienza 48 horas después y es el único con validez legal- para conocer el nombre del presidente.
No menos cierto es que las encuestas fallaron tanto en las primarias de agosto, cuando nadie pronosticó el triunfo de Milei, como en las generales de octubre, cuando muchos aventuraban que el libertario podía ganar incluso en primera vuelta y nadie daba la victoria a Massa.
Ambos llegaron al balotaje después de que el candidato de la oficialista Unión por la Patria (peronismo) obtuviera un 36,78 % de los votos y el de la opositora LLA un 29,99 %.
El centro de cómputos, instalado en la sede central del Correo Argentino, en un barrio del sur de Buenos Aires, ultima sus preparativos para el recuento de los votos, mientras que unos 86.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, nacionales y provinciales, integran el dispositivo para garantizar el normal desarrollo de la jornada.
Según informó el Ministerio de Defensa argentino, el Comando General Electoral (CGE) estará a cargo del despliegue de unidades y recursos logísticos para «asegurar la custodia» en los 16.888 locales de votación, donde estarán habilitadas 106.160 mesas de votación.
Además de la veda proselitista, la ley electoral argentina veda la venta de bebidas alcohólicas y los espectáculos públicos al aire libre o en recintos cerrados y los eventos teatrales y deportivos durante el domingo, restricciones que rigen hasta tres horas después de cerrados los centros de votación, a las 18.00 hora local (21.00 GMT).
Este domingo, 35,8 millones de argentinos están convocados a votar con sufragio obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años y optativo para quienes superen esa edad y para los adolescentes de 16 y 17 años, además de para residentes en el exterior.