Montevideo, 23 abr (EFE).- Las condiciones de reclusión «inhumanas» en las cárceles de Uruguay fueron resaltadas por el informe Amnistía Internacional de 2023 publicado este martes, en el que se hace hincapié en que en ese año se registraron 17 asesinatos de reclusos.
De acuerdo con el capítulo de Uruguay en el último informe global de Amnistía Internacional (AI), al momento del monitoreo el sistema penitenciario del país, cuyas «duras» condiciones ya fueron reportadas en 2022, seguía estando masificado.
«Las cifras de encarcelamiento sin precedentes provocaron hacinamiento y unas condiciones penitenciarias inhumanas», advierte el reporte, que en su entrega anterior denunció que Uruguay tenía la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de Sudamérica con un número de personas recluidas que ascendía al 120 % de la capacidad.
Un año después, AI detalla que, según el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, en 2023 la población carcelaria se aproximó a la cifra de 15.400 personas, con un 6,9 % más de mujeres recluidas.
«En septiembre, 55 mujeres privadas de libertad se declararon en huelga de hambre debido a que las habían trasladado a otra planta de la prisión; afirmaban que el cambio había empeorado sus condiciones de reclusión», acotó.
En esa línea, AI señala que el pasado año 21 mujeres y niñas fueron víctimas de feminicidio cuando, subraya, «el Gobierno no implementó completamente la Ley 19.580 sobre la violencia de género contra las mujeres, ni asignó fondos para crear juzgados especializados en este tipo de casos».
También puntualiza que el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, creado en 2015, no proporciona «servicios adecuados para su población objetivo», algo que afecta «de forma directa» a las mujeres, quienes se encargan de la mayoría del trabajo de cuidados no remunerado.
Por otro lado, el informe remarca que en materia de libertad de expresión el país «siguió descendiendo puestos en el ránking de Reporteros Sin Fronteras», pues cayó del lugar 44 al 52 y que entre 2022 y comienzos de 2023 una organización local contabilizó 69 casos de amenazas a periodistas.
La persistencia de la impunidad en crímenes de lesa humanidad de la dictadura, la presencia de «obstáculos para acceder a los servicios públicos de salud mental» y el episodio de crisis hídrica por sequía que se tradujo en un aumento de la salinidad del agua en Montevideo y alrededores y puso en riesgo el derecho a consumir agua potable fueron los otros puntos abordados por AI en el reporte. EFE