Montevideo, 3 may (EFE).- Uruguay registró 13 casos de ataques y agresiones a periodistas entre abril de 2023 y marzo de 2024, lo que supone la cifra más alta en la última década, según indicó este viernes el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo).
De acuerdo con el informe de la décima edición del Monitoreo de Amenazas y Restricciones a la Libertad de Expresión de Periodistas publicado por CAinfo en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, entre el 1 de abril de 2023 y el pasado 31 de marzo hubo, en total, 59 amenazas de diversa índole contra la labor periodística.
Si bien este total supone una caída respecto a las 66 amenazas al ejercicio de la libertad de expresión registradas en el anterior monitoreo, algo que califica de «un elemento positivo», el informe remarca que el número de amenazas caracterizadas como «agresiones y ataques» se duplicó y fue el más alto en 10 años de monitoreo.
«Se pasó de 6 casos en el informe presentado en mayo de 2023 a 13 casos en este 2024. Es el número más alto para este indicador desde el inicio del relevamiento, en 2014, lo cual marca un elemento especial de preocupación ya que esto incluye amenazas de muerte y mensajes intimidatorios del entorno de un narcotraficante», subraya.
En cuanto a los demás indicadores, puntualiza que el de «Restricciones de acceso a la información pública» es -pese a una caída respecto a la cifra anterior- el que acumula más casos reportados con un total de 18.
También cayeron en reportes los de «Discurso estigmatizante» y «Procesos civiles y procesos penales», con diez y seis casos respectivamente.
Por otro lado, CAinfo acota que «se observa un crecimiento» en «Uso abusivo del poder estatal», con cinco casos (cuatro más que en 2023) y otra subida en «Marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa», que escaló de dos a cuatro.
Respecto a la responsabilidad, reportó que en un 63 % de los casos de amenaza registrados corresponde al Estado, mientras que en un 17 % corresponde a actores no estatales y en un 18 % a «personas o grupos no identificados».
A lo que señala «varios casos en los que funcionarios públicos con altos cargos de representación se negaron a contestar preguntas de los periodistas», la organización advierte que «el Estado sigue siendo el principal agresor del periodismo».
«Se observa cómo algunos integrantes de la coalición de gobierno acusan a los periodistas de operar contra el país en el marco de sus coberturas periodísticas, sin que exista en ninguno de los casos alguna prueba que fundamente sus acusaciones», indica. EFE