La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) expresó su malestar tras conocer, por una circular institucional, la creación de una oficina de salud laboral impulsada por la Dirección General de Servicios Administrativos (DGSA) de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Según el comunicado de la AFJU, emitido este 15 de noviembre, la implementación de esta oficina se realizó sin notificación formal al sindicato, lo cual consideran una vulneración de la ley de negociación colectiva (Ley 18508) y del artículo 4 de dicha norma.
La AFJU señaló que esta omisión por parte de la DGSA constituye un nuevo episodio en una serie de medidas adoptadas sin consulta previa al sindicato, situación que, aseguran, ya ha sido reportada a la Suprema Corte y a la directora del área, Adriana Berezan. La creación de la oficina de salud laboral había sido un reclamo sostenido de la AFJU desde la presentación de un proyecto en febrero de 2023, en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre las condiciones de salud y trabajo de los funcionarios judiciales.
El gremio resaltó que la creación de esta oficina se da en el marco de un preconflicto declarado por la AFJU con el propósito de denunciar la falta de implementación de la ley de certificaciones médicas y la carencia de políticas adecuadas de salud laboral. Sin haber recibido comunicación oficial, la asociación informó que aún desconoce los detalles sobre el funcionamiento de esta nueva dependencia.
La AFJU, en su comunicado, destacó el papel de sus afiliados en la concreción de este reclamo y reiteró su compromiso con la defensa de la salud y las condiciones laborales de los trabajadores judiciales. En este sentido, convocaron a una movilización frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia el próximo jueves 21 de noviembre, a las 14 horas, para recordar a su compañero José Luis y exigir que la salud y las condiciones de trabajo de los funcionarios sean una prioridad esencial.
Con esta manifestación, el sindicato espera visibilizar la necesidad de que las autoridades judiciales cumplan con los procesos de negociación y comunicación establecidos por la normativa, para asegurar el bienestar de todos los empleados del sistema judicial.
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