Un informe oficial detectó debilidades en el otorgamiento y fiscalización de permisos para extraer materiales de cauces y zonas costeras del dominio público
Una auditoría interna realizada a la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH), organismo dependiente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), detectó severas debilidades en el control y seguimiento de los permisos para la extracción de materiales —como arena y canto rodado— en ríos, arroyos, lagunas y costas del océano Atlántico y el Río de la Plata.
El informe, elaborado por la Auditoría Interna de la Nación (AIN) y fechado en enero de 2025, abarca el período entre enero y agosto de 2024. Según el documento, si bien el Departamento de Extracción de Materiales de la DNH cumple formalmente con sus funciones, su estructura y funcionamiento presentan deficiencias graves que comprometen la eficacia, sostenibilidad y legalidad del proceso.
Permisos precarios y revocables
La normativa vigente establece que estos permisos se otorgan a título precario y revocable, sin derecho a indemnización, tanto a empresas privadas como a personas públicas interesadas en la extracción de materiales de álveos de dominio público. Para ello, deben presentar una solicitud detallada que incluya croquis de la zona, estimación del volumen a extraer, método de acceso y modalidad de trabajo.
Los permisos, que tienen una validez trimestral, pueden renovarse de forma continua si el permisario presenta una declaración jurada con el detalle del volumen extraído. Además, en zonas protegidas como la cuenca del Santa Lucía, Río Uruguay o Laguna Merín, se exige la Autorización Ambiental Previa del Ministerio de Ambiente.
En el año 2023 se otorgaron 240 permisos y se realizaron 380 inspecciones. Entre enero y agosto de 2024, las cifras bajaron a 209 permisos y 225 inspecciones. La recaudación en ese período fue de $7,5 millones, mientras que en todo 2023 alcanzó los $9,8 millones.
Falta de personal, controles débiles y normativa obsoleta
La auditoría identificó seis hallazgos, de los cuales cuatro tienen un nivel de criticidad “alto”. El primero refiere a la falta de personal. El Departamento cuenta con apenas cuatro funcionarios: una encargada interina y tres inspectores, dos de los cuales están próximos a jubilarse. No hay personal técnico para evaluar zonas complejas ni personal administrativo, y las tareas están excesivamente concentradas en la encargada.
El segundo hallazgo apunta a la falta de control y supervisión sobre las extracciones. Según el informe, no se revisan sistemáticamente las inspecciones ni se llevan registros de incumplimientos. Además, se constataron casos de permisarios que declararon extracciones superiores al volumen autorizado —con excesos de hasta 100%— sin que se aplicaran sanciones ni se activaran medidas correctivas.
El informe también señala que no hay una sistematización adecuada de los documentos, las resoluciones carecen de fecha de emisión y los expedientes se archivan en carpetas físicas sin respaldo digital. Las inspecciones, por su parte, no siguen criterios homogéneos y, en ocasiones, se realizan con celulares y drones personales.
Falencias en la recaudación y falta de actualización normativa
La auditoría advierte que el sistema de facturación se realiza manualmente y sin tarifarios preconfigurados, lo que puede derivar en errores. No se hace un seguimiento sistemático de deudores y el registro de saldos impagos es genérico e impreciso.
En cuanto al marco normativo, la DNH opera bajo un decreto de 1962, sin adecuaciones sustantivas a los actuales desafíos ambientales. Tampoco se cumplen algunas disposiciones de la Ley 20.212, vigente desde enero de 2024, como el uso obligatorio de certificados guía electrónicos para el transporte de materiales o la exigencia de autorización ambiental en volúmenes mayores a 50 m³ en ciertas cuencas.
La Auditoría Interna recomienda al MTOP adoptar medidas urgentes para mejorar la gestión de estos permisos, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y asegurar la sostenibilidad de las zonas de extracción. También sugiere una mayor articulación con otros organismos como la DINAMIGE, el Ministerio de Ambiente y las intendencias departamentales.
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